PROCESAN A NUEVE POLICÍAS ESTATALES POR PRESUNTO SECUESTRO Y TORTURA DE CINCO PERSONAS

Un juez de control con sede en Veracruz vinculó a proceso a nueve exelementos de la Policía Estatal por su presunta participación en los delitos de secuestro agravado y tortura en perjuicio de cinco personas.

• Además, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

La captura de los exservidores públicos fue resultado de un operativo realizado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).

Adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes dieron cumplimiento a las órdenes de aprehensión giradas en su contra.

Los imputados fueron identificados como Sergio Molina Cabañas, Jorge Alejandro Ruíz Carmona, Jesús Gustavo Zacarías Hernández, Aarón Bautista Martínez, Yadira Antonia Chávez Prado, Yael Rosas Cortez, Lino Zacarías Bautista, Conrado Hernández Pérez y Artemio López Ovando, quienes se desempeñaban como policías estatales al momento de los hechos.

De acuerdo con las investigaciones, los exagentes habrían participado en el secuestro y actos de tortura cometidos contra cinco víctimas durante distintos hechos ocurridos entre julio y septiembre de 2023. Las autoridades federales señalan que los presuntos delitos fueron cometidos mientras los ahora procesados se encontraban en funciones.

Tras su detención, los nueve acusados fueron puestos a disposición del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Veracruz.

Durante las audiencias correspondientes, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, perteneciente a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), presentó los elementos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso.

El juez consideró que existían datos suficientes para continuar con el proceso penal por la probable comisión de los delitos de secuestro agravado y tortura, por lo que además de ordenar su permanencia en prisión preventiva, concedió un plazo de tres meses para que las autoridades complementen las investigaciones y fortalezcan la carpeta del caso.

La Fiscalía General de la República, a través de sus áreas especializadas en derechos humanos, mantiene las indagatorias sobre estos hechos, considerados de alta gravedad por las afectaciones causadas a las víctimas y por la participación de funcionarios encargados de la seguridad pública.