Villahermosa.-

DESMIENTE SEMOVI ACUSACIONES DE PRESUNTO FRAUDE HECHAS POR EL PRD

El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de Tabasco, Rafael Elías Sánchez Cabrales, aseguró que la dependencia no ha recibido solicitudes ni documentación relacionada con los trámites señalados en una denuncia pública por presunto fraude, y advirtió que no se permitirá ninguna gestión irregular al interior de la institución.

En respuesta a los señalamientos del PRD Tabasco sobre la presunta venta de concesiones a choferes de taxis de Cárdenas, el titular de Movilidad rechazó que la dependencia a su cargo esté involucrada en actos indebidos y sostuvo que su administración mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción.

"No vamos a permitir que, a través de alguna componenda, se otorgue algún tipo de trámite en la Secretaría de Movilidad", subrayó.

Sánchez Cabrales explicó que, tras conocer la denuncia, se inició una revisión interna que apunta a la posible participación de un trabajador de nivel operativo —identificado como recepcionista—, quien carece de facultades para gestionar trámites dentro de la dependencia.

Detalló que esta persona habría sido señalada junto con un individuo externo que encabezaba a un grupo de ciudadanos que afirmaron haber sido defraudados.

El secretario indicó que el empleado dejó de presentarse a laborar un día antes de que los inconformes acudieran a la dependencia, lo que calificó como un hecho "sospechoso".

Ante ello, informó que el caso fue turnado al Órgano Interno de Control y se solicitó la intervención de la Secretaría Anticorrupción y del propio Gobierno del Estado para esclarecer los hechos.

Asimismo, enfatizó que la investigación se realizará a fondo y sin encubrimientos.

"Somos los primeros interesados en que se aplique la ley y se investigue cualquier posible acto de corrupción", afirmó.

Sobre la posibilidad de que se hayan realizado cobros indebidos a nombre de la Semovi, el funcionario señaló que no existen pruebas concluyentes hasta el momento y llamó a los presuntos afectados a presentar denuncias formales ante la Fiscalía.

Ya que podrían configurarse delitos tanto de fraude como de cohecho, en caso de comprobarse la participación de particulares y servidores públicos.