Cunduacán.-

SE PASA LA FIRT ACUSAN

Una fuerte tensión social se vive en el Centro de Procuración de Justicia de este municipio, donde habitantes de los poblados Cucuyulapa, Cunduacán, y El Macayo, Chiapas, mantienen un plantón permanente.

Los manifestantes exigen la liberación de cinco trabajadores de una finca bananera, detenidos recientemente en un operativo de fuerzas federales y estatales bajo cargos de abigeato y narcomenudeo, señalando que las pruebas fueron "sembradas".

• Los detenidos, identificados por la Fiscalía General del Estado (FGE) como Román "N", Miguel "N", Alejandro "N", Juana "N" y Soemi "N", enfrentan acusaciones por delitos contra la salud y violación a la ley de armas.

Según el reporte oficial derivado de un cateo, las autoridades aseguraron 30 dosis de marihuana, cinco armas largas, una corta, cartuchos, cargadores, diversos vehículos y 200 aretes para ganado.

Sin embargo, la comunidad rechaza tajantemente la versión oficial. Familiares y amigos aseguran que el operativo es un montaje y que los detenidos son personas honestas dedicadas enteramente a las labores del campo.

Beatriz Peregrino Zárate, líder comunitaria, denunció con indignación que entre los arrestados se encuentra su hermano, un adulto mayor con problemas de salud que solo se dedicaba a trabajar en la empresa bananera.

La vocera de los manifestantes sostuvo que, durante la incursión policial, lo único que realmente se hallaba en el rancho eran costales de fertilizante y una carabina vieja utilizada para ahuyentar coyotes.

Ante lo que califican como un evidente abuso de autoridad, Peregrino Zárate hizo un llamado urgente al Fiscal General Oscar Tonatiuh Vázquez Landeros y al gobernador Javier May Rodríguez para que intervengan y se haga justicia de manera transparente.

Los inconformes advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable y la pronta liberación de sus allegados, procederán al cierre total de la carretera federal Cárdenas-Villahermosa en ambos sentidos.

Mientras tanto, se espera que los cinco implicados sean trasladados a un centro de reclusión para que un Juez de Control determine si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.