Controversia electoral

ACUSAN OPERACIÓN DE ESTADO Y COACCIÓN DEL VOTO

Diversas organizaciones civiles y excandidatos han presentado una serie de impugnaciones legales para solicitar la anulación de la elección judicial celebrada el pasado 1 de junio, argumentando que el proceso estuvo plagado de irregularidades, inequidad y violaciones a principios constitucionales.

Entre los grupos que encabezan esta iniciativa se encuentran Poder Ciudadano, Defensorxs, PROJUC, y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, quienes, junto con excandidatos, han entregado más de 300 páginas de pruebas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los promoventes aseguran que existió una operación sistemática desde el oficialismo para favorecer a candidatos afines al gobierno, incluyendo la distribución masiva de "acordeones" con nombres de aspirantes, quienes en su totalidad resultaron electos. También denuncian la intervención de gobernadores y de la presidencia, lo que, a su juicio, constituye un golpe al Poder Judicial.

• El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que se sumará a la impugnación como tercer interesado, al considerar que más de 90 millones de mexicanos no avalaron la elección. Su estrategia incluye acudir a la SCJN y al TEPJF, así como a instancias internacionales como la ONU y la OEA.

Los inconformes exigen que se invalide la elección completa, argumentando que no existieron condiciones de equidad, ni mecanismos ciudadanos de vigilancia. Además, señalan que al menos 26 candidatos electos presentan perfiles riesgosos, algunos con vínculos con el crimen organizado o antecedentes cuestionables.

La controversia ha abierto un debate nacional sobre la legitimidad del nuevo Poder Judicial y la necesidad de reformas que garanticen procesos democráticos auténticos