Acto de aparente justicia que puede ser venganza

Termina una semana difícil para los tabasqueños, donde se registraron ejecuciones y linchamientos de personas relacionadas con actividades ilícitas, las primeras, al parecer, por la disputa de la plaza entre grupos antagónicos según algunas fuentes oficiales.

Las segundas –los linchamientos- tienen un fondo más complejo, y no solo obedece a la percepción o al hecho de una falta de compromiso por parte de funcionarios públicos encargados de la procuración de justicia que en algunos casos culminan con la muerte de presuntos delincuentes a manos de civiles molestos por las acciones.

Fue el caso que se difundió a principios de esta semana donde cuatro hombres perdieron la vida en la comunidad de Arroyo Hondo en el municipio de Macuspana. Los datos difundidos por la autoridad estatal refieren que estos jóvenes eran el azote de los pobladores de la zona que habían sufrido asaltos, robos a casa y el último registro, robo de una motocicleta.

Los pobladores cansados de sus acciones decidieron erigirse en juzgado y condenarlos a la muerte por las acciones realizadas. Los probables delincuentes no fueron detenidos para ser entregados a la autoridad. Los mismos pobladores decidieron hacer quitarles la vida por su propia mano y lincharon a los que a su entender resultaban culpables. Tres de los jóvenes fueron ahorcados. El cuarto fue encontrado más adelante sobre la carretera, muerto a causa de los golpes que recibió.

Estos linchamientos pasan a engrosar los casos en Tabasco. Los registros que se han hecho públicos refieren que en el año 2016 se registraron seis homicidios a manos de la turba enardecida con presuntos delincuentes. En el año 2017 se reportaron tres muertes por esta misma causa, y en lo que va del 2018 se han reportado siete asesinatos a manos de civiles, que desconfiados de las instituciones deciden hacer presunta justicia ellos mismos.

Estas situaciones no son exclusivas del estado de Tabasco. Los casos se registran en distintas entidades del país. En todo el denominador es la falta de confianza en la procuración de justicia del estado, que aunado a un nuevo sistema de justicia que busca que los delincuentes no terminen en las cárceles, sino que “reparando el daño causado” puedan salir libres ha incrementado la desconfianza de la población que cubiertos en el anonimato de la multitud piensa que su acción no tendrá ninguna repercusión legal. Lo cual es un error.

La vocera del gobierno del estado en temas de seguridad pública, Lucero del Alba Aquino, señaló que la Fiscalía General del estado ya investiga las muertes de estas cuatro personas en el municipio de Macuspana para deslindar responsabilidades. Los culpables de estos asesinatos pueden llegar a recibir condenas de hasta 60 años de cárcel. Por lo que hizo el llamado a no comprometer su futuro al involucrase en este tipo de actos.

La situación es muy difícil para la entidad investigadora, que independientemente del trabajo que realicen lo tienen que presentar ante un Juez, quien decide finalmente el futuro de las personas que dañan a terceros, o en sus bienes.

Es preocupante decir que en Tabasco personas acusadas de secuestro han alcanzado el beneficio de la preliberación ordenada por un juez cuando por el tipo de delito no pueden alcanzar dicho beneficio. La cadena de justicia tiene varios eslabones débiles, tanto humanos como legales, que son precisos modificar.

El mismo gobernador Arturo Núñez planteó en su momento ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la necesidad de modificar algunos preceptos de la nueva justicia penal para poder prevenir los delitos. Es una tarea pendiente revisar a fondo qué falla cuando la población se siente insegura  o es llevada a actuar por propia mano. Hay que evitar la espiral de los delitos; una campaña permanente no estaría demás.

POSTDATA

Dos posibles designaciones en el futuro gabinete de Andrés Manuel López Obrador abonan al optimismo para Tabasco: el de Rosalinda López Hernández en el Sistema de Administración Tributaria, y, sobre todo, el de Octavio Romero Oropeza en la dirección general de Pemex. La industria petrolera está llamada a ser una herramienta fundamental para el sur sureste.