Aguayo, Moreira y el daño moral; riesgos para la libertad de expresión

LAS LIBERTADES de expresión y de información, así como el derecho ciudadano a saber, son fundamentales para la democracia. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró ayer su compromiso “por convicción e ideales”, que no avalará que en México se establezcan reformas legales que criminalicen a quienes difundan y manifiesten opiniones y el producto de sus investigaciones.

Este debate se da en el contexto de dos hechos actuales: la condena firmada por el juez José Huber Olea Contró en perjuicio del académico y activista Sergio Aguayo a realizar un pago de 10 millones de pesos por presunto “daño moral” al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, así como la “filtración” de un proyecto de Ley que penalizaría lo que se considerara calumnia y difamación, entre otras medidas coercitivas.

De entrada, el presidente López Obrador aclaró que es ajeno a esas dos circunstancias, porque están en el ámbito del legislativo y del Poder Judicial; pero que en lo que a él corresponde –señaló-, ninguna acción autoritaria pasará. Aludió a su biografía de lucha contra la cerrazón de un sistema tanto del PRI como del PAN.

Consta en Tabasco que el propio AMLO impulsó la fundación de un diario (La Verdad del Sureste) para romper el monopolio oficial en el periodismo.

Otro elemento en el contexto de este debate es la grave y creciente inseguridad que se vive en el país desde hace por lo menos dos décadas. Circunstancia que afecta a toda la población y a la que no han sido ajenos los comunicadores. Hasta octubre de 2019, diversas organizaciones tenían en sus registros la cifra trágica de 19 años: 153 periodistas asesinados y 21 desaparecidos. Sin contar diversas formas de censura y obstáculos a la labor informativa.

Si bien es cierto que no todas las víctimas lo fueron por el ejercicio de su profesión, las carencias del sistema de justicia en México son propicias para la impunidad y la falta de garantías para una investigación independiente.

El nuevo régimen se propone corregir los vacíos legales y operativos; sin duda se enfrentará a inercias e intereses creados. A la voluntad tiene que acompañar la eficiencia.

MALA FAMA Y PIEL SENSIBLE

LOS PERIODISTAS e investigadores Miguel Ángel Granados Chapa (ya fallecido) y Lorenzo Meyer, fueron objeto de denuncias por supuestos difamados quienes exigían pagos millonarios; otros procesos legales se abrieron contra Ana Lilia Pérez y Carmen Aristegui, en los primeros años de este siglo. Hubo muchos más, entre los que se cuenta el que ahora tiene al profesor e investigador de El Colegio de México, Sergio Aguayo Quezada, en una batalla judicial…pero también por la democracia.

Como se sabe, Aguayo Quezada fue demandado por Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, en junio de 2016, quien reclamó el pago de 10 millones de pesos porque presuntamente el también activista dañó sus  “sentimientos, afectos, creencias, decoro y reputación”, al publicar en enero de ese año una columna en el diario Reforma (y reproducida en otros medios) una serie de juicios de opinión sobre el político que había sido detenido en España.

En aquella ocasión el juez de la Audiencia Nacional española, José de la Mata, decretó prisión, sin derecho a fianza, al ex líder nacional del PRI por delitos de corrupción y blanqueo de capitales. Aunque fue liberado transcurrida una semana, con restricciones para salir de ese país, su captura provocó una amplia difusión, noticias y comentarios respecto a sus antecedentes. Sin embargo, enfocó su litigio contra el académico Aguayo Quezada.

NO SEAN MAL PENSADOS

CONOCIDA la sentencia del juez Huber Olea Contró que condena al articulista el pago de una suma millonaria o el embargo de sus bienes, organizaciones como Artículo 19 y Centro de Investigación y Capacitación-Propuesta Cívica (CIC-PC), solicitaron al Consejo de la Judicatura capitalina una investigación de la actuación del magistrado. Consideraron que hay indicios que ejerce “hostigamiento judicial en contra del periodista Sergio Aguayo Quezada”.

Refieren además que en la queja 11/2020 están documentados y expuestos posibles conflictos de interés de Huber Olea Contró. Basan su afirmación en que un hermano del juez, el abogado Jean Paul Huber Olea Contró, recibió en noviembre de 2017 “la patente de la Notaría 123 de Saltillo”, nada menos que de manos Rubén Moreira, gobernador de Coahuila y hermano de Humberto Moreira.

Humberto Moreira fue gobernador de Coahuila del uno de diciembre de 2005 al 4 de enero del 2011, a su relevo llegó Jorge Torres López quien completó el periodo hasta el 30 de noviembre de 2011. El 4 de marzo de ese año el coahuilense asumió la dirigencia nacional del PRI para operar el destape de Enrique Peña Nieto, cargo que dejó el 2 de diciembre de ese año. Su hermano Rubén Moreira asumió después la gubernatura (2011-2017) y posteriormente cargos de primer nivel en la dirigencia nacional del PRI.

Sergio Aguayo Quezada, nacido en Jalisco, cuenta con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y ciudadanos. Es profesor-investigador en El Colegio de México desde 1977, con nivel de doctorado, integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde 1984, autor de más de 25 libros y frecuente profesor invitado en universidades extranjeras.

Ampliamente conocido en el ámbito social por su labor en favor de la democracia. Fue presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos de 1990 a 1996 y promotor de la Coordinación Nacional de Alianza Cívica, colaborador y directivo de Fundar, un centro de análisis e investigación. Dos personajes totalmente distintitos y distantes. (vmsamano@hotmail.com)