Ayotzinapa: los muchos crímenes

Condenados a una angustia, a una incertidumbre que habrá de acompañarles mientras vivan, quedan las y los familiares de los desaparecidos. 

Los criminales niegan a sus víctimas el más sagrado y elemental derecho de cualquier ser humano: el de velar, honrar, ser sepultado y sepultar a sus seres queridos.  

Siete años han pasado desde que, en Iguala, fueran desaparecidos 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa.

Un crimen atroz se produjo esa noche, muchos crímenes más -igualmente atroces y perpetrados por el Estado- comenzaron a gestarse en ese momento.

De la tortura y asesinato de un normalista, de las heridas infringidas a dos más y de la desaparición de los 43 fueron responsables al menos tres células de sicarios del narco y un contingente de policías de por lo menos tres municipios. 

En la operación participaron, y son por tanto culpables activos del crimen, efectivos de la extinta Policía Federal. 

Cómplices por omisión de este crimen y perpetradores de otros más que comenzaron a gestarse esa misma noche fueron mandos y jefes del ejército mexicano.

Tanto en el C5 como en el cuartel del 27 Batallón de Infantería, mandos militares y agentes del CISEN estuvieron al tanto -minuto a minuto- de lo que sucedía en Iguala.  

Destacaron efectivos en la escena del crimen que, en lugar de auxiliar a los sobrevivientes los amenazaron. 

Monitorearon las comunicaciones de los capos y se enteraron, en el momento mismo en que se produjo, de la decisión tomada por los criminales de desaparecer a los estudiantes. 

Postergaron irresponsable y criminalmente las operaciones de búsqueda y rescate, aun sabiendo que las primeras 48 horas son cruciales para encontrar con vida a los desaparecidos.

Cómplices y corresponsables de la suerte sufrida por los normalistas y de los delitos de encubrimiento, manipulación y sembrado de evidencias, obstrucción de la justicia y tortura son Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, el procurador general de la República Héctor Murillo Karam y el entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. 

La orden de aprehensión librada contra Tomás Zerón, un operador importante pero menor, debe, en justicia y de acuerdo con la evidencia existente y la que aún resta por ser encontrada, extenderse al propio Peña y a los miembros de su gabinete de seguridad. 

De Los Pinos salió la orden de cruzarse de brazos, de abandonar a su suerte a los normalistas, de sacar raja política del crimen, de fraguar la que habría de conocerse como la verdad histórica, de mentir a las y los familiares de los desaparecidos y de engañar a la nación entera.

De Los Pinos salió la orden de torturar a los detenidos para que sus declaraciones dieran sustento a la "verdad histórica"; hoy se conocen ya cuarenta videos de estas sesiones de tortura.

De la oficina presidencial salió la orden de comprar el respaldo de medios, intelectuales, columnistas y presentadores de radio y TV a la infame mentira del basurero de Cocula.

En Los Pinos se dio la orden de que el CISEN, el ejército y la Marina borraran comunicaciones, desaparecieran archivos, hicieran imposible la acción de la justicia.

Por lo que en Los Pinos se decidió hoy aún se desconoce el paradero de los normalistas y la angustia y la rabia consumen -con razón- a sus madres y padres. 

Creyeron que sería el crimen perfecto. Ciertamente aún no se sabe el paradero de los normalistas, pero empieza a romperse la resistencia de las instituciones y a brotar la evidencia que se creía destruida.

 “Que se sepa la verdad no habrá de dañar a las fuerzas armadas; al contrario, habrá de fortalecerlas”, me ha dicho varias veces Andrés Manuel López Obrador. Cumplir con su promesa de hacer justicia implicará que él mismo, que el fiscal general de la República y el especial para el caso Ayotzinapa, que Alejandro Encinas empujen con mucha más fuerza a ese elefante reumático y criminal en el que convirtió el viejo régimen al Estado mexicano.

 @epigmenioibarra