OPINIÓN

Castas putrefactas
27/01/2019

Cuando José López Portillo, enfilado candidato único al cargo de Presidente de la República, acuñara aquel 1982 como lema de campaña "La corrupción somos todos", en su visión cortoplacista nunca dimensionó qué tan profunda llegaría a estar al carcomer a la estructura gubernamental, de modo que hasta los sectores socioeconómicos tuvieron que entrarle al diezmo y/o moche para poder participar de la obra pública como contratistas o bien realizar a un trámite.

Sería incuantificable estimar las cantidades millonarias en pesos y centavos que hasta antes de la Cuarta Transformación representó el sustancioso negocio del soborno, en cualesquiera de los eslabones de la administración pública federal, local, hasta municipal. Desde el funcionario más encumbrado hasta el policía y el barrendero por hacer una labor por la cual perciben una remuneración precisamente de los impuestos.

La corrupción, una de las banderas del actual Gobierno de México empeñado en combatirlo hasta extinguirle, medida en el ranking de Transparencia Internacional le ubicó a México este 2018 en el sitio número 135 de 169 países que son evaluados en el ámbito de la competitividad; el nuestro se mantiene anclado en los índices de marcado subdesarrollo.

Entrelazada a la impunidad han ido de la mano invariablemente desde tiempos ancestrales a la actualidad, incluso alcanzó la gestión de Enrique Peña Nieto quien como depositario de la primera magistratura del país con recurrencia fue evidenciado por este tipo de acciones directas e indirectas. Caso la Casa Blanca de Lomas de Chapultepec vendida por uno de sus contratistas desde que fue gobernador en el Estado de México.

Destaca Emilio Lozoya quien durante la campaña electoral y una vez nombrado en la dirección de Pemex se benefició de su vínculo con los directivos de la brasileña Odebrech, que a decir de uno de éstos se le entregó antes y después de campaña electoral 10 millones de dólares para verse favorecidos en las licitaciones que hiciese.      

En la esfera de lo público hay personajes a quienes se les cataloga como insignias del moche, figuran entre éstos la profesora chiapaneca Elba Esther Gordillo Morales como secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y el tamaulipeco Carlos Romero Deschamps, por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Ambos amasaron fortuna inmensas, desde que emergieron en el liderazgo de su correspondiente organismo durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari quien les apadrinase como sus incondicionales, además de adquirir mando injerencista durante los subsecuentes gobiernos federales, al grado de decidir en cuanto a decidir a quién sí o no designar como funcionarios, en la Secretarías de Educación y en la Dirección  de Pemex.

Uno y otro se beneficiaron no nada más de las cuotas sindicales sino también de los moches por asignar plazas eventuales hasta luego aspirar a la base, sin olvidar la militancia que debieron realizar para concurrir a los eventos multitudinarios del PRI en donde aplaudieron a rabiar. De esos moches no hubo reporte alguno, excepto para su bolsillo y el d su séquito.

Aún más, se desempeñaron como legisladores federales  en el Congreso de la Unión, en las cámaras de senadores y de diputados, para adquirir el fuero que los hiciese intocables ante la eventualidad de que se le pretendiese abrir proceso judicial.

Elba Esther pisó la cárcel en la administración de Enrique Peña Nieto, exhibida como un trofeo para mostrar que en su gestión no habría intocables, al menos para quienes le traicionaran su lealtad y obediencia. A la profesora por su edad se le concedió continuar en prisión domiciliaria hasta que se le exoneró de todos los cargos.

Romero  Deschamps está en vías de correr con las misma suerte de ir a prisión aunque en su caso no por una persecución política por parte del ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, quien literal decretó un borrón y cuenta nueva a la corrupción pasada, pero sí por los trabajadores petroleros que integran el sindicato, a nombre del cual recibió 1 mil millones de pesos en ocasión de la campaña presidencial 2000 por parte de Pemex.

... Y en el edén

No causaría sorpresa que Transparencia Internacional en un ejercicio más a detalle confirmase a Tabasco por un gran trecho en el primer plano del índice de corrupción entre las 32 entidades del país. Esta problemática ha sido un obstáculo para el pujante desarrollo aparejado crecimiento socioeconómico local que se pretende.

Los moches son un dique de administraciones públicas pasadas que desalentaron todo interés de inversionistas domésticos e incluso transnacionales por asentar aquí a sus empresas, pero que desafortunadamente para los tabasqueños optaron por otros estados, donde sí hallaron las condiciones.

Caso contrario de los vecinos de la región que cuentan con una auténtica ley de fomento económico que  incluye incentivos en el afán por arraigarles para dinamizar los sectores primario, secundario y terciario que en sinergia den el beneficio común, un ganar-ganar de todos los involucrados, desembocando esa riqueza en la generación de empleo y bienestar.  

Gobierno y sindicatos en conjunto por sexenios, cuando menos del período de Roberto Madrazo Pintado al anterior, durante 24 años con una un hambre feroz desbocada por corromper, en su provecho inhibieron cualquier interés por generar y potenciar riquezas por lo que compete a la cadena de valor de la economía; las actividades agropecuarias, bienes, industrias además de bienes y servicios,  la cual con frustración vio truncada el decidido interés privado por impulsar la rentabilidad de su capital en los ámbitos diversos.

Bitácora

El actual gobierno de Gobierno de Tabasco se trazó también como prioridad extinguir los moches para el propósito de garantizarle la seguridad jurídica en la gestión con el empresariado local, nacional, además del  extranjero, quienes ven en este estado las oportunidades de valor agregado para establecer sus inversiones.

eduhdez@yahoo.com





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