Combatir la desigualdad, reclamo a partidos; más que candidatos, planes de gobierno

*Riesgo de mayor violencia e inseguridad ante  mayor pobreza

*Detenidos 40 secuestradores; denuncia, clave contra la impunidad

*A cada cual su frente amplio opositor, con quién y para qué

DURANTE su reciente presencia en Tabasco, tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Alejandro Encinas, promotores de la iniciativa “Por México Hoy” coincidieron que la desigualdad es uno de los factores que propician la violencia y la injusticia en México. En este mismo sentido, en el documento “La fractura. Pasado y presente de la búsqueda de equidad social en América Latina”, se vincula violencia e inseguridad con la creciente brecha en los ingresos de la población.

Es América Latina un continente con la mayor desigualdad, según señaló recientemente Luis Bértola, coeditor de una investigación de 25 expertos. Destacó la importancia del Estado para guiar una política de combate a la pobreza. Pero –dijo- “no es un aliado infalible”, porque “muchas veces comete errores. Es capturado por las élites o los propios detentores del poder público lo usan para beneficio propio, y tenemos la corrupción, que son fenómenos muy fuertes en América Latina”.

¿Por qué debe interesar el tema de la desigualdad? Porque más allá de qué partido, grupo o persona gobierne, lo fundamental es para qué gobierna. Como bien dijo Bértola en la presentación del documento sobre la desigualdad la semana pasada en la Ciudad de México: es necesario “garantizar la ciudadanía”, sobre todo “tener partidos de ideas, de ideologías, combatir el oportunismo político y contar con un Estado bien gerenciado (administrado) que pueda llevar adelante procesos políticos de transformación económica y social”.

Aunque el debate en tiempos pre-electorales se queda en los asuntos de partidos y candidatos, lo importante es que los ciudadanos aprendan a distinguir y exigir políticas de positivo impacto social.

CONFIANZA Y DENUNCIA

LA FISCALÍA del estado informó que en lo que va del actual sexenio más de 400 secuestradores han sido capturados y unas 80 bandas desarticuladas, como resultado de “trabajos operativos y de inteligencia”. El titular de la FGE, Fernando Valenzuela, sostuvo que además de la coordinación entre las diversas autoridades, lo determinante es la participación ciudadana en la denuncia.

A decir de Valenzuela la llamada “cifra negra” de los plagios –aquellos delitos que no se denuncian- es muy baja actualmente ya que “con todo y que lastima severamente, el tabasqueño está decidido a denunciar para que podamos, llegado el momento, meter a la cárcel bajo proceso legal a quien lo haya privado de la libertad”.

En los registros oficiales a nivel nacional existe un debate sobre la incidencia de los delitos y la “cifra negra”. Tomando como base datos del INEGI se ha calculado que en secuestros lo casos no denunciados suman en promedio nacional 68.4 por ciento; el más alto reporte de delitos sin denunciar es el de las extorsiones con hasta el 89.6 por ciento, seguido de las violaciones con un 82.6 por ciento. (Índice de Paz México)

Una condición fundamental para combatir la impunidad es la denuncia, pero esta va de la mano con la confianza en las autoridades y en la eficacia de su acción. Si damos por ciertas las estimaciones de las autoridades, se avanzó en la promoción de la queja, porque en 2014 un reporte del INEGI establecía que de cada cien plagios sólo uno era del conocimiento oficial. El resto permanecía en la sombra.

Como han dicho los expertos, no hay país alguno que tenga cero cifra negra; pero si se puede elevar la capacidad de combate a los delitos.

Pero la denuncia no sólo sirve para combatir los delitos, sino también es un instrumento para una mejor acción de gobierno.

DE TABASCO A MÉXICO

LA CONSTRUCCIÓN de un Frente Amplio Democrático que pueda ganar “sin pedirle prestado a un PRI que, ante la probabilidad de la derrota, busca subterfugios para mantenerse en el poder”, propuso el ex dirigente nacional del PRD Agustín Basave.  Para el también diputado solaztequista, es necesaria la construcción de “una alianza de oposición tan amplia como sea posible para derrotar al PRI y a su protuberancia verde en 2018”. (El Universal, 19/VI/17)

Cuando Basave se refiere a una alianza “tan amplia como sea posible”, aunque no lo menciona, sin duda que incluye al PRD y a Morena, pero también al PAN porque durante su breve paso por la dirigencia solaztequista fue un entusiasta promotor de los acuerdos electorales con el blanquiazul, de tal forma que inclusive presentó su renuncia cuando por el choque entre Nueva Izquierda (Los Chuchos) y Alternativa Democrática (ADN) no había acuerdo en las coaliciones. Al final consiguió cinco alianzas estatales con el PAN.

Se da por hecho que Morena no aceptará alianza alguna con el PAN, y en el caso del PRD su principal objeción es a Nueva Izquierda.

Cabe recordar que a finales de 1999 Tabasco tuvo la experiencia de una coalición multicolor denominada precisamente Frente Amplio por la Democracia (y contra la Represión), en la cual participaron Andrés Manuel López Obrador por el PRD, Juan Rodríguez Prats por el PAN, José Eduardo Beltrán por Centro Democrático y Héctor Argüello como disidente del PRI.

El candidato a gobernador por ese Frente Amplio era López Obrador hasta que decidió acudir a competir por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal (la cual ganó) y en su relevo entró Raúl Ojeda Zubieta…pero el Frente se dispersó. En las elecciones estatales de octubre del 2000: Beltrán fue candidato del PCD, Argüello del Partido del Trabajo, Nicolás Haddad del Partido Verde y el PAN se decidió por José Antonio de la Vega. El otro integrante, Juan Rodríguez fue senador del PAN.

Evidentemente que las circunstancias actuales son distintas de las de finales de los noventa y principios del 2000. Los actores, ¿han cambiado?

AL MARGEN

PRESUMIBLEMENTE es la defensa de José Sáiz, ex secretario de Finanzas, la que hizo pública la lista de medio centenar de personas que pide comparezcan, advirtió el abogado Miguel Romero, también integrante del equipo que lleva el caso del ex gobernador Andrés Granier –distinto del despacho que defiende al ex tesorero-. De acuerdo al litigante es la autoridad la que determina si alguien es requerido o no en un proceso; no basta la petición de parte. En el listado de la defensa aparecen prácticamente todos los miembros del gabinete de la administración pasada, integrantes del poder legislativo y dirigentes partidistas. Es una versión no confirmada por las autoridades, pero si fuera el caso también tendrá que ser valorada.  (vmsamano@yahoo.com.mx)