OPINIÓN

DAMOCLES
16/11/2021

Durante más de dos años, Emilio Lozoya exdirector de Pemex, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, navegó con la bandera del acuerdo “extralegal” o el “pacto político”, que lo hacía  pasar desapercibido en la cruzada anticorrupción que la 4T inauguró para sanear al nuevo régimen.

Sin embargo después de su reaparición pública en el restaurante Hunan de la Ciudad de México, “la ruta de la inmoralidad” lo ubicó de nueva cuenta en la agenda nacional, escenario que ha permitido a la 4T retomar argumentos morales y de legitimidad rumbo a la revocación de mandato en el 2022.

En Tabasco, esta “Espada de Damocles” fue colocada en posición el pasado domingo durante el tercer informe del gobernador Carlos Manuel Merino Campos.

Y es que cinco días antes, el ex gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, reapareció en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT), como invitado a la conferencia magistral ‘cultura política y participación ciudadana’.

No comió pato, pero la segunda reaparición pública del ex gobernador perredista generó mucho ruido de cara al inicio de la revisión de las cuentas públicas 2020 de los tres poderes en el congreso local; aún cuando no se han definido las auditorías que el OSFE aplicó tanto a su administración, como a los recursos aplicados a la ex presidenta del DIF Martha Lilia López Aguilera.

El gobernador Merino puso énfasis en las investigaciones sobre recursos de entre dos y tres millones de dólares, que la “anterior administración” aplicó para la compra de un helicóptero que no aparece.

El tema no es nuevo, desde 2018 se denunció que el gobierno de Tabasco en 2016 adquirió un helicóptero por 41.9 millones de pesos, sin que la aeronave haya sido entregada al gobierno perredista.

De esos más de 40 millones de pesos, 15 millones habían sido donados por Emilio Lozoya, en su calidad de director general de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) a fin de apoyar actividades de vigilancia de ductos e instalaciones en el  sureste, así como de auxilio en actividades de protección civil en Tabasco.

Así nomás pues.

La información ya ha sido pública. En la pasada legislatura se presentaron evidencias en el pleno del congreso local, mediante el cual en asignación directa, la anterior administración signó el contrato de compraventa número CV-PRO14-01/16 con la empresa DCO AVIATION SOLUTIONS S.A. DE C.V de un helicóptero “usado” Augusta Westland modelo AW109E, número de serie 11134 fabricado en 2002 y con un costo de 45 millones 601 mil 920 pesos.

Las acciones que tomó el ex gobernador en esa denuncia, fue no autorizar el último pago por tres millones 654 mil pesos y llamó al Instituto Estatal de Protección Civil del estado (IPCET) reclamar el aparato.

Hasta el momento, de manera oficial, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia del estado (FGJT) – Pese a que la Auditoría Superior de la Federación, sí la denunció- ha descartado la existencia de algún expediente abierto relacionado con la compra de este helicóptero.

Pero con el posicionamiento, la lucha contra la impunidad abre sus ventanas en Tabasco.

Y si de legitimidad se trata, retomar esta investigación -de la que tanto Alejandro Álvarez (OSFE), como Jaime Lastra (LXIV Legislatura) ya debieron tomar nota-, marcaría  sin lugar a dudas un sello propio de la actual administración, alejando las versiones de un posible “pacto de impunidad” el cual cargó en el pasado inmediato la legislatura anterior.

KYBALIÓN.- Cuando Néstor Núñez promovió el triunfo de la aliancista Sandra Xantall Cuevas, en la delegación Cuauhtémoc, para aclarar paradas con la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum. ¿Se definió el futuro de ANJ?

¿O lo contagió Lozoya?




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