La semana pasada, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron en Ensenada a Ernesto Ruffo Appel, el hombre que en 1989 rompió setenta años de gobiernos priistas al ganar la gubernatura de Baja California. La Fiscalía General de la República lo acusa de encabezar, a través de la empresa Ingemar —de la que es socio—, una red dedicada al contrabando de combustible que se ha popularizado como huachicol fiscal. Tres días después, una jueza le dictó prisión preventiva junto con otras siete personas y lo envió al penal del Altiplano. Según la propia Fiscalía, el mecanismo consistía en declarar volúmenes de combustible muy inferiores a los que realmente cruzaban la frontera. El daño calculado al erario supera los cuatro mil millones de pesos.

Antes de que se ejecutara la orden de aprehensión, Ruffo ya había salido a defenderse en los medios. "Tengo la conciencia tranquila", declaró a El Universal cuando se le preguntó por el megadecomiso de combustible que originó la pesquisa. Esa frase, junto con el hecho de que la empresa contara con permisos vigentes de aduanas y de la Secretaría de Energía, es justo lo que sus defensores repiten ahora como prueba de inocencia. Nadie, en ningún bando, parece dispuesto a esperar a que un juez revise el expediente antes de fijar su veredicto.

La noticia dio lugar de inmediato a dos relatos que, mirados de cerca, comparten el mismo defecto de origen.

Entre los críticos del PAN y de Somos México —el partido de reciente registro en cuyo consejo consultivo participa Ruffo—, la detención se leyó como una confirmación esperada: ahí está, por fin, la prueba de lo que ese proyecto político siempre fue. En comentarios y análisis circuló la idea de que el caso retrata a toda una generación surgida de la alternancia panista, como si el delito de un hombre bastara para fijar el carácter de un partido entero y de la etapa histórica que representa.

Del otro lado, la respuesta de Somos México fue igual de veloz y, en el fondo, igual de concluyente. El partido calificó la detención de "atropello inaudito" y exigió la liberación inmediata de Ruffo, sosteniendo que se trata de una maniobra para desviar la atención pública de los escándalos que, por esos mismos días, rodeaban a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Entre esos dos polos —el partido es una cueva de criminales; el detenido es un mártir de la democracia— casi nadie esperó el desahogo de las pruebas. Ahí opera, con bastante nitidez, la "falacia de generalización apresurada" —emparentada con las antiguas falacias "secundum quid"—, que consiste en tomar un caso, o unos cuantos, y hacerlos pasar por el retrato de un grupo mucho más amplio.

Su mecánica puede resumirse en tres pasos, y conviene desmenuzarla porque ahí se esconde el engaño. Primero, se observa un caso particular: una persona, un hecho o un ejemplo concreto. Segundo, ese caso se trata como si bastara para representar a todo un grupo, sin preguntarse si es una muestra suficiente o parecida al resto. Tercero, se concluye algo sobre el grupo entero a partir de ese único caso. El problema no está en el primer paso —el caso particular puede ser perfectamente cierto—, sino en el salto del segundo al tercero. Nada garantiza que lo que ocurrió una vez, o unas cuantas, vaya a repetirse en todos los demás casos que nadie observó.

Un ejemplo alejado de la política ayuda a ver el mecanismo con más calma. Imagina una ensalada con treinta aceitunas rellenas de chile, revueltas entre la lechuga. Algunas pican y otras no, como suele pasar. Alguien prueba dos y ninguna picaba; entonces le dice a los demás: "Cómanlas sin miedo, no pican". Esa persona no mintió, porque sus dos aceitunas, en efecto, no picaron. Su error fue tomar una muestra de dos entre treinta y convertirla en una regla válida para las veintiocho aceitunas que nadie más había probado. Si el siguiente comensal muerde justo la que sí pica, la culpa no es de la aceituna, sino del razonamiento.

Con el caso Ruffo ocurre algo equivalente, hasta el punto de parecer un ejemplo de manual. El caso particular —un exgobernador panista señalado de contrabando de combustible— es real y está documentado; nadie lo discute. Pero concluir de ahí que "un grupo político siempre fue así" exige el mismo salto que ir de dos aceitunas a la ensalada entera. Lo mismo hace quien concluye que la Fiscalía miente siempre porque, en este caso concreto, la investigación pueda tener zonas oscuras.

Conviene preguntarse por qué este razonamiento resulta tan fácil de aceptar, incluso para quien en otros terrenos exige pruebas rigurosas. Tal vez porque generalizar ahorra el trabajo de distinguir. Es más cómodo concluir que un partido entero es corrupto que investigar, empresa por empresa, expediente por expediente, quién hizo qué.

La política mexicana reproduce el mismo razonamiento en otros ámbitos. Cuando una obra pública sale bien, sus promotores la presentan como prueba irrefutable de que el gobierno entero funciona; cuando una falla, sus críticos la convierten en evidencia de que nada funciona.

No se trata de sostener que toda generalización sea falsa, pues a veces un patrón repetido sí revela algo estructural. La diferencia está en preguntar cuántos casos hacen falta, y de qué naturaleza, antes de convertir a una persona en el retrato completo de un grupo, o a un grupo en el resumen moral de un país.