OPINIÓN

Doble sentido
23/12/2018

El combate a la corrupción y el dispendio de lo que se ingresa a las arcas hacendarias, federal y local, deberán ser una exigente obligación de las administraciones de gobierno en México, en el que la precariedad respecto de la economía se ha evidenciado cada vez más, habida cuenta que el sector petrolero depreciado dejó de ser el principal motor para la sustentabilidad presupuestaria en la el propósito de proveer del bienestar social consagrado en el artículo cuarto constitucional.

Ese es el compromiso que asumió el Gobierno de la República y deberá ser puntualmente profunda igual en la recaudación de impuestos que es un deber de los mexicanos el aportar lo que le corresponde por la rentabilidad como personas físicas y morales, y en el caso del Servicio de Administración Tributaria implementar las políticas que aseguren el cumplimiento de esa ordenanza de carácter general.  

Claro está, se requiere necesariamente replantear el todas las modalidades en el cobro de esos impuestos para que quienes tributan lo hagan en una métrica razonable y además se amplíe la base de sujetos obligados, que a la actualidad aún buscan las maneras de eludir esta responsabilidad, sin olvidar a quienes se refugian en informalidad que una vez regularizados sean incorporados a la base de contribuyentes.

Desde luego que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá que instrumentar e implementar las políticas de incentivos fiscales que permitan en la accesibilidad estimular la inversión para la instauración de empresas incluso transnacionales que impactan a toda la cadena de valor, al dinamizar la economía.

En los tiempos y circunstancias, éstas que le ha correspondido tener a la actual administración pública en sus tres niveles de gobierno les representa tener en cuenta que no todo es ingresar sin otorgar las condiciones los hombres de negocios que su vocación es invertir para obtener su natural rentabilidad de retorno.

Más castigados no pueden estar la clase empresarial ante el desgaste que les implica la gestión ante una barrera burocrática y corrupta que les desalienta, frenando el desarrollo y crecimiento socioeconómico.

En México hasta ahora desafortunadamente se demora cuando menos 180 días para abrir una unidad de negocios cuando en Estados Unidos y Europa basta con entre 45 y 60 días para autorizar ese interés por hacer negocios apegado  a unas normas regulatorias que buscan precisamente facilitar en la eficiencia el interés público gubernamental por detonar la economía por todas las vías legales se interesan también por generar fuentes de empleos como principal activo social de prosperidad.

Necesita el gabinete económico gubernamental a la inmediatez hacer un planteamiento que, con el acompañamiento de su componente en las áreas jurídicas, plantear una iniciativa de ley de fomento económico  general que presentada por el Presidente de México ante el Congreso de la Unión, éste la pondere y le dé el cauce legal hacia promover la inversión nacional y extranjera.

Aun en el entorno actual de enredo burocrático, hay quienes han preferido destinar su patrimonio al exterior hay también quienes con convicción y sentido nacionalista deciden invertir el suyo en el país, las adversidades nada les detiene en su afán por participar de sus inversiones a su país y estado.

Habida cuenta, deberá ser una prioridad inmediata para el gobierno de la cuarta transformación mirar hacia el beneficio dual de hacer una asociación como ente facilitador para que se dé la inversión y colateralmente el propósito de abonar al progreso social.

En esa misma vía podrá tenerse el beneficio de una recaudación tributaria que con suficiencia le permita concretar las políticas públicas con enfoque social y de infraestructura física que ya no admiten mayor demora para dar respuesta a un colectivo social que en la renovación de sus autoridades de gobierno optó por la alternancia.

Inversión pública y privada tienen que hacer sinergia para cumplir a cabalidad con el compromiso social a partir de la generación de bienestar, aún más en las zonas geográficamente han sido discriminadas ancestralmente, esa es la asignatura a la que están convocados en recaudación fiscal e inversión para generación de riqueza, respectivamente, para el objetivo del  desarrollo y crecimiento.

Elemental justicia social

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió a los cuestionamientos con argumentos sólidos que el sureste del país lleva mano en la prelación de las prioridades en razón de retribuirle los satisfactores de calidad de  vida en el progreso de quienes aquí habitan en correspondencia a la mucha riqueza que se ha obtenido, en el que el beneficiario absoluto fue siempre el centro y norte.

Cada que lo ha ameritado el caso, el depositario del mando presidencial ha subrayado en que Tabasco, además de Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo serán las entidades que a la inmediatez tendrán políticas públicas orientados hacia una pujanza socioeconómica en ,a que se incluye a Oaxaca y a Guerrero igual en olvido, sobretodo de sus comunidades con asentamientos indígenas de quienes le tiene una particular atención.

Defendió sólidamente los por qué de proyectos tan ambiciosos como edificar la refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco y los trenes, el Maya el cual por su vertiente turística trazará su ruta por esta región en donde se asentó esa cultura que atrapa la atención de los viajeros en particular europeos, y el de Tehuantepec que unirá el puerto de Oaxaca, ubicado por el pacífico,  con  el de Coatzacoalcos, Veracruz, ubicado en el Golfo de México, en su caso para fines de movilidad comercial.

Bitácora

Para nada se podrá decir que se pondrá el reloj del desarrollo del sur-sureste en armonía con el resto del país, cuando apenas empezarán las infraestructura que serán parte del detonante de estas entidades que no existieron en la órbita de los anteriores gobernantes, excepto para captar votos que le permitieron sumar a su triunfo electoral.

eduhdez@yahoo.com

 





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