OPINIÓN

ESCALA CRÍTICA

El desastre y la importancia estratégica de Tabasco; garantizar la seguridad
13/11/2020

COMENZARON a bajar los niveles de los ríos Grijalva y de la sierra, aunque muchas poblaciones permanecen inundadas, pero ahora el peligro es para los municipios ubicados en la zona de influencia de Usumacinta: Balancán, Tenosique, Zapata, Jonuta y Centla. Las autoridades ya emitieron una alerta a las poblaciones, en tanto que el presidente López Obrador confirmó su visita este fin de semana a Tabasco y Chiapas.

Oficialmente se reconoce el registro de 175 mil damnificados, aunque como le decía ayer las cifras reales están muy por arriba de esos reportes. Siempre sucede así, porque no todos los afectados acuden a albergues y tampoco es posible un censo confiable en estas circunstancias. También reconocen el reporte de ocho fallecimientos por este desastre. De acuerdo a Jorge Mier y Terán, coordinador de Protección Civil, se instalaron 273 refugios temporales, y las autoridades buscan establecer un control de los diversos centros de acopio de la ayuda instalados por iniciativas ciudadanas.

Mientras, corre el plazo de diez días para que la semana próxima se tenga el esbozo de un plan integral frente al problema de las inundaciones. Por lo pronto hay una serie de acciones que no pueden esperar.

Tabasco, aunque con una población mínima si se compara con el total del país (apenas un dos por ciento), tiene un valor estratégico para el actual gobierno federal en materia de energéticos: es sede de la nueva refinería en construcción, en su territorio se pretende desarrollar el mayor número de campas petroleros y la generación de electricidad con las presas de Chiapas impacta a la entidad.

También, como le decía en otra colaboración, este pequeño y frágil territorio (poco más de 25 mil 267 kilómetros cuadrados) es un estado puente en dos de las más ambiciosas obras de infraestructura del gobierno federal: el Tren Maya y el Corredor Transístmico que uniría al sur-sureste, al Pacífico y al Atlántico, con extensión al Mar Caribe.

Resulta paradójico que la entidad con mayores riesgos por los fenómenos meteorológicos es la que requiera una máxima seguridad territorial. Un tema que deberá resolver el Proyecto de Nación planteado por AMLO.

UNA RELACIÓN CONFLICTIVA

EN UN REPORTE para Radio Educación (Ciudad de México), me preguntaban por la reacción de la población en Tabasco respecto a la denuncia que el gobernador Adán Augusto López ha anunciado contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que dirige Manuel Bartlett Díaz. Es de destacar que la relación de Tabasco con la empresa generadora, distribuidora y comercializadora de electricidad ha sido muy conflictiva. 

Aunque este conflicto de intereses por la seguridad del territorio tabasqueño pasó a primer plano después de las inundaciones del 2007, a partir de los efectos de las concesiones otorgadas por el gobierno de Felipe Calderón a empresas privadas, el choque tiene su referente más notorio en 1995 cuando el ahora presidente López Obrador inició la denominada "resistencia civil" del no pago de electricidad como protesta por un reclamado fraude electoral. Esa resistencia encontró eco en la inconformidad por los altos costos de las tarifas y en el creciente empobrecimiento de la población, de manera que hasta el 75% de los usuarios dejaron de pagar en algún momento.

Los sucesivos gobiernos buscaron mecanismos para poner fin a una medida que tuvo crecientes costos políticos y económicos. Resulta explicable, entonces, que la bandera de la denuncia contra la CFE tenga muchos adeptos. Pero también resulta necesario que desde el gobierno federal se encuentre una salida porque al final estamos ante una responsabilidad institucional del Estado Mexicano. Quizá el principio sea el nuevo plan integral que debe tener el sello de la llamada Cuarta Transformación. Habrá que esperar.

Claro que en poco ayuda una respuesta como la que dio el titular de la CFE a la queja del gobernador tabasqueño. Se requiere más empatía con la crisis que se vive en el sureste, tierra del Presidente.

AL MARGEN

AYER fue presentado otro de los proyectos de ley más polémicos de López Obrador: el de la regulación del llamado "outsourcing", o subcontratación. Entre los puntos principales de la iniciativa a cargo de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se destaca que "con excepciones específicas, se prohíbe la subcontratación de personal".

También que las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios especializados con un contratista serán responsables solidarios de los trabajadores implicados, así como que quienes presten estos servicios requerirán de autorización oficial; se permitirán las agencias de colocación, pero en ningún caso se considerarán como patrones. La reforma entraría en vigor el uno de enero de 2021.

Dijo el presidente López Obrador que la subcontratación "se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal que afecta a los trabajadores porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo ni reparto de utilidades, nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicios".

Para el Consejo Coordinador Empresarial (CEE), "una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente efectos nocivos en la economía: no sólo se perderían empleos, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones, ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero, hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal". (vmsamano@hotmail.com)




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