Día con día

Todo se acelera en la llamada “Cuarta Transformación”, pero se agudiza en particular la disposición del Presidente a proceder en contra de la Constitución y de las leyes que lo obligan.

El último round de esta pelea contra la ley, una pelea sin réferi, es el anunciado decreto ejecutivo que pondrá a la Guardia Nacional bajo la jurisdicción plena de la Secretaría de la Defensa.

El decreto contradice de frente lo que establece la Constitución, sin que la Corte o alguno de sus ministros diga esta boca es mía. 

Ningún poder del Estado, en su conjunto, ha sido más cómplice del recurso metódico a la ilegalidad de este gobierno que la Suprema Corte, una institución que, en su conjunto, luce a la vez politizada y temerosa, con una presidencia que dejó dormir más del tiempo promedio acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales claves.

Muchas de ellas se han resuelto, al menos parcialmente, pero faltan todas las referidas justamente a las Fuerzas Armadas y la seguridad.

Es notoria la omisión sobre las controversias constitucionales presentadas en contra del Acuerdo del presidente López Obrador para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, por arrogarse facultades propias del poder Legislativo y por no seguir las condiciones —tomadas del sistema interamericano de derechos humanos— que estableció la reforma constitucional de la Guardia Nacional.

La Suprema Corte no puede pronunciarse sobre el reciente anuncio presidencial porque no hay acuerdo aún ni, por supuesto, impugnación alguna al respecto. Pero podría ya resolver estas controversias constitucionales de implicaciones militares, abrir la discusión sobre el uso de los poderes de acuerdo y de decreto del Presidente frente a la militarización de la seguridad pública.

El origen último de la incertidumbre jurídica respecto a uno de los temas más delicados que es la normalización de la militarización de la seguridad, está en las indefiniciones constitucionales de la Corte sobre estos temas.

Aquí guarda silencio y se toma su tiempo, en lugar de fijar con claridad y diligencia los límites constitucionales del gobierno.

Hay buenos jueces en el Berlín de nuestra Suprema Corte. Es hora de que aparezcan.