Seguramente todos conocemos —o quizá hemos vivido— situaciones como estas: el árbol del vecino cuyas ramas rebasan la barda; una cochera bloqueada por tercera vez en la semana; la música de una fiesta que, a las once de la noche, ya dejó de ser festiva para todos; o el escándalo constante en el bar de la esquina.

Son fricciones que, aunque a menudo pasan desapercibidas, ocurren todos los días en cualquier ciudad. Son demasiado reales para ignorarlas y demasiado pequeñas para activar los procedimientos del derecho formal. En ese vacío se aloja buena parte de la violencia urbana más difícil de comprender, precisamente porque no comienza como violencia.

La justicia cívica surgió para atender ese espacio que el derecho formal y la indiferencia institucional suelen abandonar. Se trata de un mecanismo de intervención temprana cuya lógica es tan simple como poderosa: un conflicto vecinal atendido a tiempo no escala; uno desatendido, en cambio, puede derivar en agresiones, fracturas comunitarias e incluso en formas de violencia difusa.

Las ciudades mexicanas llevan décadas creciendo más rápido que sus instituciones. La densidad urbana multiplica los roces, pero las herramientas para resolverlos no han evolucionado al mismo ritmo. Por ejemplo, la policía fue diseñada para reaccionar ante delitos consumados; mientras tanto, prosperan la cultura del agravio y los conflictos que nunca encuentran un canal adecuado para dirimirse.

Ahí reside el valor de instrumentos como los Consejos de Paz y Justicia Cívica que el gobierno de Tabasco anunció a mediados de febrero para los 17 municipios del estado. La iniciativa, impulsada desde la estrategia nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y aterrizada en la entidad por el gobernador Javier May Rodríguez, parte de una lectura clara sobre dónde comienza la violencia y, sobre todo, dónde puede interrumpirse.

El jueves 7 de mayo, el Ayuntamiento de Centro inició la capacitación de servidores públicos con miras a instalar el Consejo en el municipio. La alcaldesa Yolanda Osuna Huerta fue precisa al describir el espíritu de la iniciativa: la paz que convoca no es pasiva, no es la paz del silencio o del miedo, es la que se construye todos los días en la armonía social y en la dignidad de las familias. La distinción es importante. Una ciudad donde los conflictos se reprimen no es una ciudad en paz; es una ciudad en tensión.

Lo que subyace a este tipo de mecanismos es una comprensión renovada de la seguridad pública que coloca la prevención en el centro. Disminuir el delito exige intervenir antes de que ocurra, porque buena parte de la violencia urbana tiene raíces cotidianas. Comienza en una disputa que nadie medió, en una queja que nadie escuchó o en una pequeña injusticia que creció por falta de cauce institucional.

Los Consejos de Paz y Justicia Cívica apuestan a crear ese cauce. Su fortaleza radica en la legitimidad de las instituciones y en la confianza ciudadana que pueden construir cuando acercan a las partes y ofrecen una plataforma de diálogo antes de que los ánimos se endurezcan. La intención es que gobierno, instituciones y sociedad civil coincidan en un mismo espacio, no para imponer una sentencia, sino para encontrar soluciones.

Tabasco tiene una valiosa oportunidad con este modelo, especialmente en Centro, el municipio más poblado y denso del estado, donde la convivencia urbana genera a diario el tipo de fricciones para las que este instrumento fue concebido. Si los Consejos funcionan como se espera, muchos conflictos que hoy parecen no tener salida podrán encontrarla. Eso, aunque parezca modesto, es exactamente lo que una ciudad necesita para respirar mejor.

Es cierto que la justicia cívica no transforma el mundo de un día para otro, pero sí representa un paso importante para mejorarlo desde la convivencia diaria: en la esquina, en el pasillo de un edificio o en la banqueta donde surgen tantas disputas vecinales. En ciudades como Villahermosa, con fraccionamientos y colonias en constante crecimiento, un paso así ya significa mucho.

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