Hace poco más de un año, el 3 de febrero de 2021, la Comisión de Energía de la anterior Legislatura de la Cámara de Diputados federal, la 64, de la cual también fui presidente, dio entrada a la iniciativa con carácter preferente enviada por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para reformar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), considerada hoy por hoy el hilo conductor que hará posible la transformación del sector eléctrico nacional.  

El hecho marcó el inicio de un largo camino de discusión, dictaminación y aprobación de las nuevas reglas que regirían el mercado eléctrico, un proceso que –una vez agotado en el ámbito legislativo– transitó hacia una batalla judicial que, a raíz del fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 7 de abril de 2022, finalmente favoreció al Estado mexicano.

Como presidente de la Comisión de Energía me tocó impulsar y defender esta reforma crucial para recuperar nuestra soberanía y seguridad energética, pero también para cumplir un largo anhelo de 43 millones de familias mexicanas: tener acceso a tarifas de luz justas y baratas.

Recientemente, el pasado jueves 28 de abril, los legisladores de la Coalición Juntos Hacemos Historia, conformada por Morena, PT y PVEM, nos reunimos en Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Una vez más, la colaboración entre los poderes del Estado para salvaguardar los intereses de México, quedó de manifiesto.

Durante su mensaje, el jefe del Ejecutivo Federal dimensionó la importancia de las modificaciones que, a iniciativa suya, se lograron a la Ley de la Industria Eléctrica.

Lo anterior nos llena de orgullo, porque lleva implícito el reconocimiento al trabajo pulcro,  responsable e impecable que desde la Comisión de Energía se realizó en todas las fases del proceso legislativo, para que en la etapa post legislativa la LIE salvara ante la Corte la acción de inconstitucionalidad promovida por un grupo de senadores; así como por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el estado de Colima, por carecer de interés legítimo para promover dicho acto.

Esto quiere decir que la LIE recorrió todo el circuito institucional del Estado mexicano para cobrar plena vigencia, y de esa manera se pueda garantizar a las familias mexicanas un servicio eléctrico seguro, continuo y asequible.

Los 11 magistrados de manera unánime votaron a favor de declarar Constitucional el Artículo Cuarto Transitorio de la LIE, para revocar los permisos de autoabastecimiento obtenidos en fraude a la ley que, con prácticas dumping, permitieron que un pequeño grupo de generadores privados se apropiara de las dos terceras partes de los grandes consumidores del país, a quienes les vende luz con subsidios de hasta 60%, generando un boquete a las finanzas públicas de casi 500 mil millones de pesos, equivalentes a casi el 100% de los recursos que se destinan a la política de bienestar del país.

De igual manera, los magistrados declararon Constitucional el Quinto Transitorio, que abre la puerta para revisar, renegociar o terminar contratos suscritos con productores independientes.

Sin embargo, el presidente de manera generosa tendió a éstos la mano para buscar un acuerdo, a través de una mesa de diálogo donde participarán consumidores, generadores de energía, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad. 

También se declaró constitucional el articulado para que se incluyan los costos totales de producción, y el Artículo 126 sobre las obligaciones de los Certificados de Energías Limpias, cuyo otorgamiento ya no dependerá ni de la propiedad, ni de la fecha de inicio de operaciones. Esto ayudará a que entren en operación las 60 plantas hidroeléctricas de la CFE, productoras de la energía más limpia, y que juntas contribuirán a que la empresa mexicana tenga capacidad para generar y atender el 70% de la demanda nacional de electricidad.

¿Qué logramos con la reforma a la LIE? Proteger el interés de la Patria de la ambición de cuatro grupos financieros que dominan a las empresas eléctricas trasnacionales. (Diputado Federal)