La Secretaría de Gobernación, que encabeza el ex gobernador tabasqueño Adán Augusto López Hernández, instruyó a los altos mandos de las dependencias federales y estatales que detecten a los servidores públicos que “hayan participado de forma directa en el círculo cercano, o que estén vinculados con ex servidores públicos de alto nivel que hoy son juzgados en nuestro país o en el extranjero por vínculos con la delincuencia organizada u otros delitos”.

El oficio, dado a conocer por el diario La Jornada, también indica que se tienen que considera aquellas accione “por su gravedad hayan puesto en riesgo no sólo a las instituciones, sino que con su actuar permitieron que la delincuencia avanzara en territorios o permeara organismos y corporaciones”.

De acuerdo al documento, se deberán tomar las medidas para “erradicar conductas indebidas que se llevaron a cabo durante años en pasadas administraciones”.

El memorándum oficial, firmado por el secretario de Gobernación y distribuido el 19 de octubre, se ratifica el compromiso de combatir la corrupción, conforme a las instrucciones y política establecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En especial se ha actuado contra quienes ocupan cargos en áreas de seguridad y justicia en el ámbito federal y que tienen antecedentes que los vinculan a actos ilegales y deshonestos.

Según el reporte periodístico el objetivo es “desarticular la red de complicidades que aún opera en el gobierno federal y sirve a los intereses del ex secretario de Seguridad Pública (SSP) Genaro García Luna y sus principales colaboradores”.

El presidente López Obrador se ha referido a quienes amparados por el anonimato o las complicidades aún mantienen vínculos creados por García Luna y sus colaboradores, o por otros grupos que representan al neoliberalismo o a los intereses contra la Nación.

En reporte sobre el memorándum de Adán Augusto señala que se busca terminar con los vínculos creados con los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva “por personajes bajo investigación como Luis Cárdenas Palomino, sujeto a proceso penal por tortura; Facundo Rosas Rosas y Ramón Eduardo Pequeño García, ambos también investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de tortura”.

Abunda el documento: “Como es de su conocimiento, el gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tiene entre sus prioridades el combate a la corrupción y la impunidad, lo que implica en consecuencia ejercer un gobierno libre de prácticas ilegales y privilegios, haciendo frente y erradicando conductas indebidas que se llevaron a cabo durante años en pasadas administraciones”.

Añade: “En tal virtud, es exigible un compromiso cotidiano de todas las dependencias e instituciones, particularmente de todas y todos los servidores públicos que lo integran para cumplir con sus tareas pensando siempre en el bienestar del pueblo, y guiados por los principios que deben caracterizar al servicio público, privilegiando la honestidad y la transparencia en nuestro proceder”.

El texto es claro en el sentido de un llamado a la congruencia con decisiones que permitan “contar en el servicio público con los hombres y mujeres más comprometidos con el avance y la transformación de nuestro país.”

Se entiende que en esta etapa del régimen encabezado por López Obrador habrá una mayor firmeza en el combate a la red de complicidades que podrían favorecer el fortalecimiento de los viejos vicios y poner en riesgo el cambio democrático. Muchas acciones y conductas del pasado estarán bajo el escrutinio público.

Son tiempos de preparar el relevo en la presidencia de López Obrador, porque aun cuando faltan tres años  la carrera ya comenzó y quienes pretendan ser abanderados de Morena y su coalición deberán garantizar el proyecto de cambio.  La oposición, por su parte, busca formar un solo bloque para convertirse en alternativa, una cuestión que se ve difícil pero no imposible

PRIMERA PARADA

Estuvo en Tabasco uno de los tabasqueños más cercanos al presidente López Obrador. Se trata del economista Baldemar Hernández Mparquez, actual director la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), quien planteó un proyefcto muy a,mbicviosos yu que seguramente requeriurámucho dinero:L habilitar la finca "Las Lilias" como un Centro de Biotecnología para la producción de tejido de todo tipo de plantas como el cacao, coco y plátano.

SEGUNDA PARADA

El terreno ubicado en Teapa está en litigio, porque el entonces secretario de Desarrollo, Pedro Jiménez León, convenció al entonces gobernador Arturo Núñez entregarlo a un lo entregó a un particular que resultó ser nada menos que el exbanquero Carlos Cabal Peniche, quien ahora tiene una orden de aprehensión por otros delitos.

PARADA ESPECIAL

Hernández Márquez anunció que disponen de unos 6 millones de pesos para el Centro de Biotecnología. Aseguró que “no cuesta mucho dinero” y puede ser el centro de mejoramiento de diversas especies.