La inimputabilidad es una institución jurídica que excluye la responsabilidad penal de aquellas personas que, al momento de cometer una acción típica y antijurídica, eran incapaces de comprender la ilicitud de su conducta o de actuar conforme a ese entendimiento, debido a un padecimiento mental. En México, esta figura tiene especial relevancia al considerarse no solo los trastornos psicóticos o las demencias, sino también algunos trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista (TEA), el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y el retraso mental (propio de los trastornos del desarrollo intelectual). Aquí se analiza el marco legal mexicano, la relación con los trastornos del neurodesarrollo y los retos que enfrenta el sistema judicial y de salud en materia de inimputabilidad.

El Código Penal Federal (CPF) establece en su artículo 7 que no se considerará culpable a quien, al momento de realizar el hecho, no haya podido entender su ilicitud o actuar conforme a ese entendimiento por padecer "una enfermedad mental o trastorno gravemente alterante de las facultades mentales". De manera complementaria, la Ley General de Salud, en su Título Quinto, Capítulo II, regula la atención de la salud mental y obliga al Estado a garantizar tratamientos adecuados y medidas de rehabilitación. A nivel local, algunos códigos penales estatales precisan la definición y el procedimiento para declarar la inimputabilidad, así como el internamiento en hospitales psiquiátricos o unidades forenses bajo medidas de seguridad, en lugar de penas privativas de libertad convencionales.

Trastornos del neurodesarrollo y capacidad de comprensión 

Los trastornos del neurodesarrollo aparecen temprano en la vida y afectan la adquisición de habilidades cognitivas, comunicativas, sociales y de autorregulación. 

1. Trastorno del espectro autista (TEA): se caracteriza por dificultades en la interacción social, en la comunicación y por patrones de comportamiento estereotipados. Dependiendo del grado de afectación, una persona con TEA puede tener limitaciones tan severas que no comprenda la ilicitud de sus actos. 

2. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH): impacta la atención, el autocontrol y los impulsos. En casos extremos y en ausencia de un manejo clínico, la impulsividad puede llevar a conductas lesivas o delictivas sin pleno entendimiento de su alcance. 

3. Trastornos del desarrollo intelectual (anteriormente retraso mental): implican un cociente intelectual significativamente bajo y limitaciones en habilidades adaptativas. Quienes presentan un nivel de funcionamiento muy bajo pueden no distinguir claramente entre lo lícito y lo ilícito.

Procedimiento pericial y juzgamiento 

Cuando se identifica que el probable autor de un delito podría tener un trastorno del neurodesarrollo, el juez ordena una evaluación pericial psiquiátrica y psicológica. El perito determina: 

· La presencia de un trastorno diagnosticado según criterios de la CIE-11 o el DSM-5. 

· El grado de afectación de las funciones cognitiva, volitiva y de comprensión de normas. 

· La vinculación entre el trastorno y la imposibilidad de controlar o entender la conducta. 

Si el dictamen concluye inimputabilidad, el proceso penal no se dirige a una pena convencional sino a la imposición de medidas de seguridad o tratamiento especializado. Estas medidas pueden incluir internamiento en un hospital psiquiátrico forense, terapia multidisciplinaria ambulatoria o programas de rehabilitación e inserción social.

Retos y perspectivas 

1. Recursos y formación: México cuenta con un déficit de psiquiatras forenses y psicólogos especializados en trastornos del neurodesarrollo. Es urgente formar peritos capacitados y dotar de infraestructura a los centros de salud mental. 

2. Coordinación interinstitucional: Jueces, fiscales, abogados y profesionales de la salud deben trabajar de manera articulada para garantizar evaluaciones oportunas y justas, evitando dilaciones procesales. 

3. Estigma y discriminación: La percepción social de los trastornos mentales puede influir en decisiones judiciales y en la aplicación de medidas de seguridad. Se requiere sensibilizar a los operadores del sistema de justicia en derechos humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD). 

4. Modelos terapéuticos y de reinserción: La transición de un internamiento forense a la vida comunitaria demanda programas de apoyo psicosocial, trabajo protegido y seguimiento constante para reducir el riesgo de reencontrar conductas delictivas.

En conclusión, la figura de la inimputabilidad en México refleja un avance en el reconocimiento de la diversidad neurocognitiva y en la protección de los derechos de las personas con trastornos del neurodesarrollo. No obstante, su eficacia depende de la calidad de las evaluaciones periciales, la disponibilidad de tratamientos adecuados y el compromiso del sistema de justicia para implementar medidas de seguridad centradas en la rehabilitación y la dignidad. Solo así se podrá equilibrar la necesidad de tutela social con el respeto irrestricto a los derechos humanos de un sector poblacional especialmente vulnerable. (Psiquiatra/Paidopsiquiatra)