Intervención militar, una estrategia con estela de muertes

Puntos Suspensivos

Intervención militar, una estrategia con estela de muertes

Wilber Albert

Human Rights Watch (HRW, ‘Observatorio de Derechos Humanos’) es una organización no gubernamental (ONG), dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos. Su sede se encuentra en Nueva York (Estados Unidos), y cuenta con oficinas en Beirut, Berlín, Bruselas, Chicago, Ginebra, Johannesburgo, Los Ángeles, Moscú, París, San Francisco, Tokio, Toronto y Washington.

En uno de sus reportes, informó que durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos en forma reiterada-incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura- en el marco de acciones contra el crimen organizado.

Detalló que los avances para juzgar dichos actos son muy lentos, un problema que viene desde la administración de Felipe Calderón, época desde que se le declaró la guerra al crimen organizado.

Un caso que aún está en la memoria de los mexicanos es la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero en 2014. Tras los “ya me cansé” de Murillo y el “superemos esta etapa” de Peña Nieto, la presión de los ciudadanos mexicanos aunado a la presión internacional  ha logrado mantener la investigación abierta, sin resultado alguno a más de un año de los hechos.

Otro sería la muerte de 21 hombres y una mujer menor de edad que fueron abatidos en la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, tras un presunto enfrentamiento con soldados, según la Sedena, ha sido otros de los casos que han puesto al Presidente en el filo de las críticas.

Los dos asuntos se suman a las mil 700 denuncias en esta administración, y se ha determinado que en más de cien casos las fuerzas armadas participaron con violencia, sobre todo a los derechos humanos aplicando la tortura. El informe igual señala que ningún militar había sido condenado.

En 2013, México promulgó a nivel federal una Ley General de Víctimas para garantizar justicia, protección y reparación a las víctimas de delitos, pero tampoco dio resultado, porque la mayoría de los estados no lo aprobaron.

Ahora, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicó que es necesario estudiar bien la Ley de Seguridad Interior, la cual fue aprobada hace unos días, y que está en manos del presidente Peña Nieto, por lo que estudia interponer una acción de inconstitucionalidad con ella.

“La seguridad es posible y compatible con el respeto a la dignidad humana, así como a las libertades y derechos que han sustentado a nuestras instituciones democráticas”, señaló el organismo en un comunicado.

Insistió que la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, debe atenderse a partir de una lógica preventiva, más que reactiva, es decir, que se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas e ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos.

Un dato más reciente dice que números del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México señalan que en 2007 se registraron 10.253 homicidios dolosos en todo el país; en 2011 la cifra aumentó a 22.855 de estos delitos. En lo que va del 2017, se han contabilizado 213.000 de estos crímenes desde que se comenzó a contabilizar el número de muertes a causa de la estrategia de intervención militar.

PARÉNTESIS

AL PRI se le termina el tiempo, y se ve apresurado. Su dirigente estatal anunció que antes del 20 de diciembre deben tener su candidato a la gubernatura. Aunque no se ve nada definido todavía.