La epidemia: por un cambio de la política social

La crisis epidemiológica en el mundo provocada por el COVID-19 aún no ha terminado; sin embargo, la pausa para permanecer en casa y sólo salir para hacer las actividades esenciales casi se ha consumado. Los países han tenido que continuar con su quehacer político, y lo más importante, empiezan a reactivarse económicamente, esto con el objetivo de evitar una crisis que ahonde más el número de desempleados, ya que la caída abrupta del PIB es inminente. 

En México, desde el lunes uno de junio reiniciaron las actividades laborales y comerciales algunos estados. En el tema económico, la suspensión parcial o completa producto de la pandemia, afectó el ingreso de la clase trabajadora; ya que cerca de un millón de ellos quedaron desempleados o en el menor de los casos sufrieron recorte de salarios. La mayor parte de la sociedad hoy es vulnerable tanto en su salud como en su economía. Los apoyos gubernamentales han ido llegando, pero su dispersión y la lentitud en que éstos se están distribuyendo provocan en la sociedad la sensación de su inexistencia.

La crisis provocada por la pandemia ahonda la pobreza y desigualdad social que ya se venía dando en el país desde años anteriores. La falta de compromiso de los gobiernos neoliberales (PRI o PAN) para garantizar derechos sociales y una vida digna a la sociedad en vulnerabilidad, hoy se refleja en el número de pobres existentes a lo ancho del territorio. La mayor parte de los programas sociales que existieron, en su mayoría, fueron diseñados e implementados desde una visión paternalista y operados a través de mecanismos clientelares, éstos solo fueron funcionales para mantener un modelo económico que benefició a unos cuantos: según el Coneval, de 2008 pasamos de 49.5 millones de pobres a 53.4 en 2018. Por su parte, en materia de seguridad social, no se han logrado reformas para que la población esté protegida ante accidentes, pérdida de empleos, maternidad, vejez, enfermedades, o como en este caso ante situaciones de emergencia por una pandemia. 

En México, la única forma para que las personas puedan tener derecho a seguridad social, y eso no de calidad, es a través de un empleo formal. De 2008 a 2016 sólo 4 millones de personas que no contaban con el acceso a la seguridad social lograron hacerlo mediante un empleo, aunque ello no fuera de manera permanente. Hoy con la nueva política social, se prevé darle un giro a esta situación; aunque se necesitan recursos y tiempo para solucionarlo, ya que es mayor el número de personas que trabajan en la informalidad.

En lo que respecta a Tabasco, de acuerdo al Coneval, éste se encuentra dentro de los diez estados con alto índice de pobreza. En 2008 registró 1.2 millones de habitantes en esta condición aumentado a 1.3 en 2018. En los indicadores sobre carencias por acceso a la seguridad social y por acceso a la alimentación los datos son alarmantes; más de la mitad de la población total se encuentra sin acceso a seguridad social, ya que el 69.1% de la población carecía de este derecho en 2018. En cuanto a las carencias por acceso a alimentación, de 34.5% en 2008 se incrementó a 46.8% habitantes en 2018.  En relación al indicador sobre carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda, en 2008 de 36.7% aumentó a 46% en 2018.

UNA OBLIGADA REVISIÓN

Con estos indicadores nacionales y estatales nada halagadores para impulsar la economía del país y la mejoría de los gobernados, los efectos de las medidas aplicadas para limitar al Covid-19 vinieron a ampliar la crisis. Ya gobiernos de otros países empezaron a redefinir sus políticas sociales con el fin de enfrentar la problemática que viene. En España se ha aprobado el “Ingreso Mínimo Vital”, el cual consiste en una prestación que otorgará el gobierno para apoyar a quienes están en desigualdad y pobreza, y será implementado de forma permanente. Colombia, por su parte está planteando cambiar la política social focalizada que venía implementado, por el de una “Renta Básica Universal”. Por lo pronto, a través del programa “Ingreso Solidario” está entregando transferencias monetarias en favor de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no son beneficiarios de otros programas sociales. En Brasil, de acuerdo a la Cepal, se anunció un esquema de pagos durante tres meses para 62 millones de trabajadores informales. Argentina en cambio, implementó el Ingreso Familiar de Emergencia, una transferencia de aproximadamente 154 dólares por un mes, el cual tendrá una cobertura de 3,6 millones de hogares y también ha aumentado los montos a quienes pertenecen a otros programas sociales, así como también implementó medidas para asegurar servicios básicos a la población, y por tanto, para evitar el corte por no pagar los servicios básicos de los hogares, incluyendo agua, teléfono e internet. 

En México, de acuerdo a la Cepal, se adelantaron las transferencias económicas de cuatro meses por pensiones a 8 millones de adultos mayores, a un millón de personas con discapacidad y el programa Sembrando Vida se amplió en cobertura a 200 mil agricultores. También se empezaron a dar créditos para las microempresas y apoyos a trabajadores mediante las tandas de bienestar; de igual forma, el apoyo a jóvenes emprendedores no ha parado. Si bien, la política social emprendida por el gobierno federal se ha mantenido activa, y se ha ampliado a una población que no era beneficiaria anteriormente, hoy las circunstancias exigen su replanteamiento para acelerar el empoderamiento de las familias receptoras y meterlos en una dinámica de participación social y laboral mediante su propio emprendedurismo. Para ello se requiere evaluar las nuevas circunstancias y los indicadores de forma sistematizada, con los lineamientos científicos proporcionados por expertos en política pública y social para no terminar ejecutando proyectos bien intencionados, pero sin un sustento; se requieren acciones que permitan tener éxito en el corto y largo plazo. En esta nueva ruta del rescate y fortalecimiento económico, la ciencia social debe ser el sustento que marque la ruta de las políticas gubernamentales.