La Integridad Electoral

El concepto de integridad electoral es relativamente joven y tiene como una de sus impulsoras más visibles a Pippa Norris, quien en una investigación llevada a cabo en 158 países, entre julio de 2012 y diciembre de 2016, desarrolló un índice para medir la integridad electoral, cuyo objetivo es analizar el grado en que cada país cumple en este aspecto con los estándares internacionales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, con lo que mide también la calidad de la democracia; trabajo que está en línea con el Informe de la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad dado a conocer en septiembre de 2012, denominado “Profundizando la democracia: Una estrategia para mejorar la integridad electoral en el mundo.”

Los indicadores de la integridad electoral y sus resultados muestran al unísono el nivel de democracia, pero sí alguno de ellos no llegase a estar suficientemente definido, como tampoco su importancia, se corre el riesgo de que en la evaluación haya un desequilibrio, como advierte Dieter Nohlen en relación con los trabajos de Norris, referido entre otros, al régimen político.

Integridad es un término globalizador, omnicomprensivo y totalizador que remite a rectitud y probidad en todo actuar, en la que, si llegase a faltar alguno de sus componentes, dejaría de tener esa cualidad; pero también significa solidez, fortaleza, ausencia de dobleces y certeza de no claudicar ante ninguna presión.

La denominación de integridad electoral corresponde a todo el ciclo electoral y no nada más a las elecciones referidas al proceso electoral formal que, en el caso de México en alusión a las elecciones federales, inicia en la primera semana de septiembre del año anterior a la elección y concluye cuando no hay o hayan sido resueltas todas impugnaciones interpuestas ante las autoridades jurisdiccionales.

Parte de que las elecciones están basadas primariamente en principios democráticos como el sufragio universal, libre, directo y secreto y en la igualdad política que significa entre otras cosas el derecho de los ciudadanos a postularse a cargos de elección popular, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la norma y que los partidos políticos y candidaturas tengan las mismas condiciones de competencia, acceso igualitario a los medios de comunicación y que el financiamiento político tenga proporcionalidad.

La integridad electoral pone el acento en el proceso electoral, porque es evidente que para caminar ese tramo partidos, actores políticos y aspirantes a candidaturas acumulan capital político para desplegarlo durante el mismo, con el propósito de conseguir y preservar el poder político; es en consecuencia, el trayecto donde se torna más visible y enfática cualquier violación a la normativa electoral y son más patentes las irregularidades inherentes a la condición humana que, sin ser cometidas deliberadamente, pueden tener un impacto negativo mayúsculo en las elecciones, sobre todo si son magnificados por interesados en la contienda.

Si bien su atención está centrada en el proceso electoral, lo cierto es que tampoco descuida fuera del mismo, el actuar de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, y el comportamiento del poder político respecto de estas, pues sus conductas no se manifiestan nada más en los procesos electorales sino igualmente a lo largo de toda su vida y por tanto sería absurdo juzgar únicamente una parte de vida, por muy relevante que ésta sea; por lo que se evalúa la postura dentro y fuera del proceso electoral.

Evaluar nada más al proceso electoral rompería la integridad electoral y ahuyentaría la confianza que es uno de sus elementos clave, del que requieren los resultados electorales, donde desemboca todo el trabajo electoral, cuya credibilidad depende de la confianza pública, que, en esa medida es un asunto de carácter político. Por tanto, la integridad electoral como concepto globalizador comprende todo lo relacionado con el quehacer electoral y su relación con el poder político; por lo que sería pertinente preguntar, cuánto afecta la desacreditación de los organismos electorales sin argumentos verificables por parte del poder público e incluso de candidaturas y partidos.

No cabe duda que la integridad electoral es un concepto muy rico bajo cuya lupa se evalúa cada uno de los pasos de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales antes, durante y después de un proceso electoral. Lo que es muy útil para hacer visible las deficiencias o atropellos a la legalidad democrática, con el propósito de tener la posibilidad de corregirlas para sustanciar a la democracia, que el poder político emanado de la misma está obligado a impulsar, como también a respetar las instituciones electorales que cumplen con su cometido.

Las elecciones no siempre ocurren bajo el cobijo y al amparo de la democracia, por lo que estas no son sinónimo de democracia. También hay dictaduras que sin llamarse como tales hacen elecciones controladas y conducidas por el Estado, sin condiciones equitativas y sin garantías para quienes se atreven a competir contra las candidaturas oficiales, si bien en algunos casos se permiten hasta cierto límite para tratar de que tengan un barniz de democracia.

De ahí que el concepto de integridad electoral sea muy útil para medir el avance de cumplimiento de cada país de acuerdo con el estándar internacional establecido y de su democracia electoral, contra la que conspira la desigualdad social, que están obligados a revertir o cuando menos a disminuir sensiblemente los gobiernos.