El sector energético depende del mercado de consumo que puede ir desde el comercial, industrial o doméstico, y cada uno de ellos tiene una característica especial, y presenta cambios constantes. Hoy ningún país tiene soberanía energética. Algunos de ellos, lo que han hecho, ha sido el reducir su dependencia de otros países, para el tener la energía necesaria para sus mercados, por lo tanto, todas las naciones actualmente están sujetas a la dinámica de los mercados internacionales, la volatilidad de los precios de combustibles, cambios en la demanda y aparición de competidores privados o internacionales. Una caída en el precio de la energía puede reducir los ingresos esperados, y hacer inviables ciertos proyectos públicos. La apertura a la competencia, las reformas regulatorias o la entrada de nuevas tecnologías, pueden desplazar modelos de negocio tradicionales, poniendo en entredicho la viabilidad financiera de la inversión pública en proyectos, no aptos para el futuro.

El uso de recursos públicos implica una responsabilidad ética y social. Una mala gestión, accidentes, impactos ambientales, o escándalos de corrupción, pueden dañar irreversiblemente la imagen de la entidad responsable, y de los tomadores de decisiones, disminuyendo la confianza pública y dificultando futuras inversiones, ante la incertidumbre del mundo financiero del ser parte de un mercado en un país.

De acuerdo con análisis realizados a diferentes países, y que utilizan gran parte del dinero invertido es público, y con lo anterior descrito, encontramos en forma resumida, a los siguientes riesgos, que pueden afectar al sector de energía, y que algunos de estos pueden ser aplicados para México:

·        Desviación presupuestal: Los costos reales, pueden exceder ampliamente las estimaciones iniciales, debido a errores de planeación, inflación, o cambios en la tecnología.

·        Endeudamiento público: Grandes proyectos, pueden requerir financiamiento externo, que incremente la deuda pública, afectando a otros sectores prioritarios, como salud o educación.

·        Riesgo de activos varados: Cambios tecnológicos o de mercado, pueden hacer obsoletas infraestructuras, antes de que terminen su vida útil, dejando inversiones millonarias, sin recuperar.

·        Fuga de recursos: El mal manejo de fondos puede dar lugar a corrupción, favoritismo o ineficiencia en la asignación, y ejecución de los recursos.

¿Qué hacer para disminuir los riesgos?

·        Realizar estudios de factibilidad técnica, financiera, social, y ambiental, antes de aprobar cualquier inversión relevante.

·        Garantizar procesos de licitación y contratación transparentes, con mecanismos sólidos de supervisión y auditoría, autónoma.

·        Diversificar las fuentes de energía, y evitar la dependencia de una sola tecnología o proveedor.

·        Establecer sistemas de monitoreo y evaluación continuos, para identificar tempranamente desviaciones y corregir el rumbo. Auditorias en periodos más cortos.

·        Capacitar al personal público en gestión de proyectos, análisis de riesgos, y mejores prácticas internacionales acopladas a la geopolítica energética.

·        Fortalecer los marcos regulatorios y de gobernanza, para garantizar la rendición de cuentas y la integridad institucional para determinar, si el gasto fue el correcto.

Una gestión responsable, transparente y basada en la evidencia, es fundamental para asegurar que las inversiones públicas contribuyan efectivamente al bienestar colectivo, sin comprometer la estabilidad financiera, ni el desarrollo futuro de la nación en un mundo cambiante. (– Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos)