Más acción y menos…

El éxito o fracaso del régimen gubernamental de la cuarta transformación transita de origen por el sureste de México, con puntual acento en el estado de Tabasco, donde están arraigadas la “tierra y agua” nativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, por quien la voluntad popular de esta castigada región optó votar, en pro del un anhelado proyecto de nación, inserta en el mapa del progreso.

En las elecciones del uno de julio de 2018, hace ya casi año y medio, tabasqueños, yucatecos, campechanos, chiapanecos, y quintanarroenses, decidieron elegir por abrumadora mayoría al candidato presidencial emergido de entre su paisanaje, en quien depositaron su confianza para dar solución estructural a la inaplazable demanda de justicia social negada ancestralmente por administraciones públicas.

Las estadística del Instituto Nacional Electoral del proceso electoral 2017-2018 es contrastantemente reveladora cuando que en Yucatán, distinguido por su preponderante afinidad al conservadurismo, para el caso específico de la presidencial el 75.38 por ciento cruzaron su boleta por López Obrador.

Un porcentaje en la proporcionalidad de su población peninsular que inclinada esta vez su voluntad hacia un candidato de izquierda superó incluso a los electores tabasqueños, que en su caso respaldaron a su figura emblemática con el 71.11 por ciento, donde por obviedad de razones el resultado fue aplastante, llevándose literalmente el cayuco completo, rezagando el polarizador bipartidismo PRI y PRD que prevaleció aquí en medio de la confrontación durante exactos 30 años.

Las estadísticas oficiales, sin entrar a mayores detalles interesantes por analizar, son datos únicos -no hay otros- en cuanto a la asignatura que tiene comprometida el poseedor de la gobernanza del país; reivindicar a los estados del sureste, sobre los rieles de un desarrollo social para beneficiarse con los recursos naturales suyos, de los que por sexenios priistas se destinó al centro y norte del país, sin goce alguno de retorno.

La voluntad popular del sureste mexicano, sin importar colores partidistas, se la jugó con quien a su consideración conoce además las precarias condiciones sociales y económicas. Las estadísticas oficiales del Instituto Nacional Electoral, al extremo detalladas en todos sus indicadores, no miente. Apostaron por uno de los suyo. Habrá posturas encontradas, pero luego de la traición de quienes desde el neoliberalismo le traicionaron era previsible el inusitado respaldo.   Aunque urge es imposible que en un año de la gestión pública administrativa del régimen de la cuarta transformación se resuelva en lo inmediato la marcada discriminación en los parámetros del bienestar colectivo, con un profundo calado en las asimetrías de calidad de vida que hay de manera muy puntual en el sureste respecto del resto del país, porque así convino a los intereses del pasado.   

Queda claro que las políticas públicas claves como la refinerías en Dos Bocas, Paraíso Tabasco, por el polígono petrolero; así como los trenes maya, que despuntaría el turismo, como el del Istmo de Tehuantepec que unirá a su puerto  en Oaxaca con el de Coatzacoalcos como puente de logística comercial, que son estratégico para el propósito, en los que se trabaja por insertarle en la ruta del desarrollo social que exigen los tiempos y circunstancias actuales.

Nunca será suficiente un sexenio para hacer válida a plenitud la justicia social, se requiere de la empática colaboración de los estados involucrados en los que sus gobernantes tienen también la obligación de coadyuvar a concretar la exigencia de la voluntad popular hacia una gestión que preside “ya saben quien”, aprovechando que en esta ocasión le correspondió ser favorecido y en reciprocidad le tienen esperanzadores beneficios sustantivos por obtener.

Aun quedan cinco años en los que Yucatán, Chiapas y Tabasco en la concurrencia de gestión administrativa local con el gobierno federal -hasta el 2024- deben armonizar sus particulares políticas públicas estratégicas con enfoque de desarrollo socioeconómico.  

Igual deberán ser consecuente Campeche y Quintana Roo que renovarán a sus autoridades en las votaciones de junio de 2021 y 2022, respectivamente. Deberán dejar las bases de armonía en un trabajo de encausar los esfuerzos de quienes le sucedan en la misma dirección, ubicar al sureste como agentes protagonista del cambio.  

La esencia del concepto de la política se sustenta en ser esta el instrumento para conciliar esfuerzos de todos los involucrados en la prosperidad del país; actores políticos, económicos y sociales. Privilegiar entre todos el arte de lo posible que se entiende en ello están empeñados todos por igual, aún en la discrepancia de las particulares filosofías  ideológicas. 

No se puede ser mezquino en regatearle nada a los estados de esta región que como el resto del pacto federado no sólo tienen obligaciones sino también todo los derechos que le asiste de ser partícipes de la prosperidad consagrada en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

En una actitud de sesuda crítica se requiere atender al interés de la democracia participativa de esta región que demanda en estricto sentido lo que  es suyo en la pertenencia al pacto federado, que igual está obligado a la congruencia de sus integrantes. 

Bitácora

“Para que la campana suene tiene que sonar para ambos lados”: David Gustavo Gutiérrez Ruiz, gobernador en Quintana Roo,  senador por su Tabasco, y también exitoso empresario del sureste quien contribuye con sus inversiones para el desarrollo y crecimiento socioeconómico.   

eduhdez@yahoo.com