El asesinato, en vivo, de la influencer tapatía Valeria Márquez ha creado conmoción, una más, en redes y medios. Con ella reviven debates acerca de las redes mismas, sus contenidos y la conveniencia de , por lo menos, analizar, discutir y acordar límites a la transmisión de contenidos violentos. No faltan aproximaciones poco sensibles que terminan por culpar a quienes optan por estilos de vida que, según los críticos, conllevan encuentros con la criminalidad. No hay duda, los niveles de violencia que nos caracterizan y su exhibición pública deben ser materia de preocupación. Sin embargo, lo debe ser, también, la visibilidad misma de los fenómenos. La forma artera e inhumana de la acción a través de la que la vida de esta joven de apenas 23 años fue ultimada se ha convertido en tema prioritario de la agenda pública gracias al alcance y la relevancia de las redes sociales. Sirva la furia desatada —por demás justificada— por este crimen que describe los niveles de degradación que hemos alcanzado, para traer de nueva cuenta a la conversación pública la violencia descarnada que padecen a diario, en todos los rumbos y manos de la mayoría de quienes las rodean, la gran mayoría de las mujeres mexicanas.

Búsquedas rápidas de información producen una cantidad de documentos y datos que horrorizan.  En San Luis Potosí, en Oaxaca, Puebla, Michoacán, Chihuahua y otros estados las noticias sobre la desaparición de menores, mayoritariamente mujeres, se han multiplicado en los últimos meses. Pero son informaciones que circulan sólo localmente, no ocupan los grandes titulares y tienden a pasar desapercibidas en medio de las grandes confrontaciones polarizadas sobre las políticas arancelarias norteamericanas, las implicaciones políticas de las cancelaciones de visas y las declaraciones de terroristas de narcotraficantes mexicanas y las consecuentes discusiones sobre la autorización o no, a las fuerzas del orden norteamericano para ingresar a nuestro territorio.

Según la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), en México se ha contabilizado la desaparición de 112,579, de las cuales 17,349 permanecen desaparecidas, esto es, 15 de cada cien de ellas. El 67 por ciento de esos menores desaparecidos, estos, 75,479 son mujeres. Estos datos son brutales. El Índice Global de Crimen Organizado de 2023, gestionado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, con sede en Suiza, ubicó a México como el país el país del continente americano con mayores niveles de trata. México es un país de origen, tránsito y destino de personas sometidas a la trata. Los expertos en la materia sostienen que un buen porcentaje de las menores desaparecidas en el país son incorporadas a estas redes y que algunas son trasladas hacia los Estados Unidos, país de destino con el mayor número absoluto de víctimas de trata. 

La lista de los diez países en los que la organización registró mayores niveles de trata entre 2020 y 2024 pone los pelos de punta. México, Estados Unidos, Libia, Turquía, Birmania, Colombia, Rusia, Indonesia, Polonia y Malasia. Salvo en Estados Unidos y Polonia —aun cuando aquí se han registrado retrocesos significativos en los últimos años— la calidad del estado de derecho en la mayoría de estos países es débil. Y en la gran mayoría de ellos, la presencia del crimen organizado es alta o muy alta.

Las desapariciones significativas de menores de edad, y su consecuente registro, coinciden con la guerra contra el crimen organizado declarada por Felipe Calderón y con el empoderamiento de las bandas criminales. Así, entre 2007 y 2012 fueron reportados como desaparecidos 1,958 jóvenes; la cifra registró un incremento fuerte en el sexenio de Peña Nieta, durante el cual se contabilizaron 4,159 niñas, niños y adolescentes desaparecidos o no encontrados. Esto es, un incremento del 212 por ciento. En los años de López Obrador, el registro se disparó. Alcanzó la cifra de 8,276, casi el 200 por ciento más que la cifra alcanzada por Peña Nieto. No hay duda: un buen número de mujeres mexicanas están, cada vez más, en peligro de ser secuestradas y sometidas a redes de explotación de todo tipo, por un crimen organizado cada vez más poderoso y con mayor capacidad de maniobra. Los datos son claras y la tendencia es creciente.

Tal vez la nueva política de seguridad conduzca, con el tiempo, a debilitar a las bandas criminales y los riesgos que corren las mujeres mexicanas tiendan a ser menores. Habrá que ver si, efectivamente, el objetivo del gobierno federal sea recuperar el control del territorio y la ley. Sin embargo, las modificaciones que en breve experimentará el poder Judicial no invitan a alimentar este optimismo cauto que promueve la ruptura con la política de los abrazos.