“No hagan cosas buenas…”

Qué necesidad hay dilapidar 9 mil millones de pesos, con cargo a las contribuciones aportadas por los mexicanos, cuando nadie a petición de parte tiene interés alguno por una eventual consulta popular de revocación de mandato al cargo del Ejecutivo del Estado Mexicano.

Un financiamiento que no sobra y sí falta para fondear las demandas de desarrollo social. Un instrumento de participación, la revocación de mandato, que debe ser solicitado exclusivamente por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada o no en el desempeño de la Presidencia de la República, sustentada en la pérdida de la confianza.

El texto de la fracción IX, numeral 1º, del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es preciso, no admite objeción ni manipulación interpretativa alguna, cuando expresa que compete a la ciudadanía realizar la solicitud ante el Instituto Nacional Electoral. Nadie más. Una marcada diferencia respecto de la consulta popular que recientemente hubo el uno de agosto de este 2021, que en la falsedad de una “propaganda política” se vendió al colectivo social como convocatoria para enjuiciar a los ex presidentes neoliberales de México por traición a la patria.

Una pregunta tan ambigüedad que no tenía por qué proceder cuando el Pleno de los 11 Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la plantearon de ese modo, ante la inconstitucionalidad del planteamiento original que aquí sí promovió el Presidente de la República, como una atribución recurrida entre los considerandos de la fracción VIII, numeral 1º, inciso a) del mismo artículo 35 de la Carta Política de la Nación. Un ejercicio sobre el pretendido juicio a ex presidentes en el que participaron sólo 7 millones 750 mil electores inscritos en el Listado Nominal del INE, no más del ocho por ciento de votantes cuando se requería el 40 por ciento para que fuera vinculante a su procedencia, con un gasto de 528 millones de pesos que igual no sobraron y sí se dilapidó en la sinrazón de sus promotores.

Aunque no oficial, los estudios de opinión pública realizados con un rigor técnico metodológico por las empresas dedicadas a esto son un parámetro que con regularidad miden la aceptación ente la sociedad sobre el desempeño del Ejecutivo del Estado Mexicano.

En general los porcentajes de aceptación promedian entre los 65 y 68 puntos porcentuales. Lejos de haber una pérdida de confianza, este estatus se reafirma cada que se revelan en cascada los resultados de las encuestas; literalmente no hay estudio que no exponga con consistencia la aceptación presidencial, incluido el sentido del voto sobre la continuidad o no del responsable de la administración pública del país. Sin filias ni fobias, en estricto sentido llevar a cabo una consulta de revocación de mandato de la gestión en funciones es improcedente, al ser de reciente inserción en el texto constitucional en la gestión legislativa del actual régimen, además de que toda ley o reforma constitucional no es retroactiva, incluso en la pretensión de librar la violación mediante un artículo transitorio.

La Cámara de Senadores en la premura del tiempo aprobó el tres de septiembre de este 2021 el dictamen por el que se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato, con el objetivo es regular este ejercicio de participación ciudadana, un pequeño gran detalle quedado en el olvido.

El Partido Morena, legisladores y estructura directiva, obsesionado en llevar a cabo una consulta sobre remoción o no del Presidente de la República, que como movimiento postularon deberían tener en cuenta la reiterada advertencia justo del poseedor de la banda tricolor con el escudo del águila real en el pecho. Desde la campaña y ahora residente de Palacio Nacional ha sostenido como eje del ejercicio publico de gobierno: “Al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie”.

Bajo este paraguas los liderazgos de Morena; legisladores, estructura directiva y militancia, deberían tener en cuesta lo innecesario de forzar una consulta pública inscrita como una atribución que le compete a la ciudadanía promover, no en su caso. Por qué la darle cauce a un instrumento cuando en los hechos el Presidente Andrés Manuel López Obrador aun en la controversia de su gestión tiene un respaldo de los mexicanos de inobjetable mayoría, incluso en el sureste en donde los picos superan hasta el 77 por ciento en su originario estado de Tabasco, hacia donde han orientado importantes políticas públicas de desarrollo social.

Un contraste respecto de su antecesor Enrique Peña Nieto quien en su período llegó al término a ser repudiado por el 80 por ciento de la población del país, un ambiente que él mismo catalogó como “mal humor”, en medio de una crisis en todos los órdenes, entre las que gran parte de ese enfado se centró en la economía y la inseguridad pública.

De los 19 millones de votantes que lo eligieron por mayoría, cifra cerrada, esa ocasión le dieron la espalda. En la danza de encartados y suspirantes a competir internamente por hacerse de la candidatura al cargo de Presidencia de la República, para la elección prevista el dos de junio de 2024, la delantera la llevan los afines a Morena que podrán conservar siempre y cuando continúen ejercicio pública de gobierno encomendada dentro del gabinete federal, o bien en el legislativo. Preocupada está la oposición, ellos sí por buscar una figura competitiva que por ahora no la tienen. BITÁCORA El ciberataque a instituciones y a particulares tendría que ser un asunto prioritario, en la esfera de lo público y privado. Alarmantes los millones de incidencias. eduhdez@yahoo.com