Los movimientos estudiantiles son como la levadura de la sociedad, comienzan por cualquier situación mal gestionada pero terminan exhibiendo y demostrando la necesidad de cambios verdaderos a una condición general, como ocurrió en Balancán, Tabasco el año pasado; y ha sido en otras entidades. Ya casi durante todo 2025 estuvo paralizada la Universidad Autónoma del Estado de México, y desde antes de la pandemia, facultades y escuelas de la UNAM han estado en paros intermitentes y con crisis locales acalladas por los medios y autoridades que fingen demencia y ahora anuncian una Reforma que gestionarían los funcionarios de por sí y ante sí, sin convocar ni consultar a los 400 mil miembros de la misma.

La lentitud y falta de capacidad de reacción de las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos ante la desaparición de una estudiante en el campus de Chamilpa provocaron una crisis, que, iniciada como un movimiento espontáneo de protesta estudiantil, se ha extendido por la ciudad de Cuernavaca y los diversos campus de la Universidad. Como explica Tomás Villasante: un movimiento social más que un mal en sí mismo -como lo define la sociología positivista y las teorías de movimientos sociales anglosajonas (Charles Tilly, por ej.)-, es un "analizador" social: es un síntoma de uno o varios problemas de la sociedad en donde surgen. Hace evidente los problemas y para "resolverlo" obliga a trabajar y solucionar las cuestiones subyacentes que lo precedieron. No sirven las viejas recetas ni los desplantes institucionales.

         La lentitud de reacción (una semana después) de las autoridades ante el hecho y el evidente pasmo de la rectoría y después de las autoridades estatales, ha sido un factor importante para potenciar lo que comenzó como una comprensiva manifestación de los compañeros de la escuela y los familiares de la joven que en esos momentos estaba solo en calidad de desaparecida, hasta convertirlo en un movimiento social que cuenta con simpatía y apoyo de parte de toda la población de la ciudad. Las autoridades se negaron a compartir los videos del día de su desaparición y trataron de negar que la joven hubiera llegado al campus donde había sido vista por sus compañeros. Y de ahí la actitud y las acciones de las autoridades tanto universitarias como estatales, tardías y retóricas, han sido de manera demasiado evidentes, más para proteger su posición política que para resolver el caso, al que se sumaría en pocos días el de otra estudiante de una escuela situada en el sur del Estado (Mazatepec).

         A pesar de que eventualmente se encontrarían los cuerpos asesinados de las dos jovencitas, y que aparentemente se detuvo al presunto asesino de la primera, la posición y actitud permanente de todas las autoridades ha sido de manera evidente y burda una prisa por "volver a la normalidad", lo que junto con la manifiesta incapacidad demostrada por la rectora de establecer un diálogo espontáneo cara a cara ante los estudiantes inflamó la indignación de la sociedad morelense. Por si no bastara, la intromisión de los poderes fácticos que compiten dentro de la Universidad como la propia Federación de Estudiantes Universitarios y otros menos públicos, ha empeorado la crisis. En el caso, por ejemplo, de la escuela de medicina, además se hicieron graves denuncias que deberían de procesarse.

         Llama enormemente la atención que las autoridades se sorprendan y olviden las situaciones y casos de violencia que ocurren desde el sexenio de Jorge Carrillo Olea, todo lo que denunció el Movimiento por la Paz con Justicia, los 11 años de Alerta de Género que no han servido de nada, e incluso notorios casos de agresiones fuera del campus a alumnos y maestros, como dos profesores eméritos de biología que fueron asesinados el año pasado en el municipio de Huitzilac y antes, en su casa, el maestro Chao y su esposa.

         Las autoridades deben de salir de su ensimismamiento y de creer que enunciar y dictar medidas resuelven los problemas. Deben mejor realmente escuchar el sentir de la población porque, al menos en la cuestión de la seguridad de las mujeres, se tiene la presencia de la delincuencia organizada, pero también un mal ancestral cultural y social que se manifiesta en que la mayor parte de agresiones y feminicidios, como el caso de la primer estudiante, es cometido por un conocido o un familiar. Y contra esos casos las medidas policíacas y de prevención urbana como buen alumbrado, no hacen nada.

Se necesita una política de nivel cultural y psicológica general. No basta con un "regreso a la normalidad".