«Más agua que tierra. Aguaje para prolongar la sed».

Carlos Pellicer Cámara

Tabasco es, por geografía y destino, un territorio definido por el agua. Sus ríos, encabezados por el sistema Grijalva–Usumacinta, concentran una proporción significativa del recurso hídrico superficial de México. La lógica llevaría a asociar esto con bienestar y disponibilidad de agua en la región. Sin embargo, la realidad cotidiana revela una paradoja inquietante, en el llamado "Edén hídrico", con una disponibilidad hídrica per cápita muy por encima del promedio nacional, miles de familias viven con acceso limitado a agua potable de calidad. La disponibilidad física del recurso no garantiza su distribución equitativa. Esta contradicción no es producto del azar, sino del entrelazamiento de procesos estructurales que van desde la explotación intensiva de recursos naturales hasta la fragilidad institucional en la gestión pública.

Una primera explicación de la ironía de tener agua en la teoría, pero no en la práctica, radica en la explotación minera de los ríos. En Tabasco, la extracción de minerales no metálicos, específicamente arena, se estima en alrededor de 50 mil toneladas al año; y los ríos pagan el daño. La minería de arena tiene consecuencias severas en los ríos a nivel físico (morfología de los cauces; patrones de flujo; erosión), químico (turbidez; aumento de contaminantes suspendidos) y biológico (destrucción de hábitat; pérdida de biodiversidad; llegada de especies invasoras) (Rentier y Cammeraat, 2022). Al final, estos efectos se agravan mutuamente y se traducen en agua de peor calidad y en ríos más impredecibles.

Fuera de la semilla, el verdadero núcleo del problema radica en la infraestructura. Las redes de distribución en muchas ciudades tabasqueñas, incluida Villahermosa, presentan un deterioro acumulado de décadas. Materiales como el asbesto-cemento y el hierro colado, ampliamente utilizados en el pasado, han superado ampliamente su vida útil recomendada. La corrosión, las incrustaciones y las fracturas generan fugas constantes que, en algunos sistemas, pueden representar pérdidas de entre el 40 y 50% del agua distribuida, según diagnósticos de CONAGUA y reportes locales. En el municipio de Centro, por ejemplo, se ha documentado que hasta el 45% del agua potabilizada se pierde en la red. Esta sangría pasiva obliga a producir más agua de la necesaria, eleva costos operativos y recrudece la intermitencia del servicio en colonias populares. A ello se suman fallas en plantas potabilizadoras, interrupciones por turbiedad y deficiencias en el mantenimiento preventivo.

Este deterioro estructural tiene consecuencias directas en la vida cotidiana. Ante la desconfianza en la calidad del agua de la red o la intermitencia del servicio, las familias recurren al consumo de agua embotellada o purificada. Este fenómeno ha dado lugar a lo que podría denominarse un "impuesto invisible": un gasto adicional que recae desproporcionadamente en los hogares. En Tabasco, una familia promedio puede destinar entre 400 y 600 pesos mensuales a la compra de garrafones. Mientras el servicio público falla, el sector privado encuentra oportunidades de mercado. Así, el agua potable deja de ser un derecho garantizado para convertirse en un bien condicionado por la capacidad de pago.

La dimensión política de esta problemática es igualmente relevante. La inversión en infraestructura hidráulica carece de visibilidad inmediata y, por tanto, de rentabilidad electoral. Sustituir kilómetros de tubería enterrada no genera el mismo impacto mediático que inaugurar obras superficiales, literal y figurativamente. Esta lógica ha perpetuado un ciclo de rezago, donde las soluciones estructurales se posponen en favor de intervenciones de corto plazo.

La solución, entonces, no es solamente técnica; es también institucional. En primer lugar, es indispensable regular y monitorear de manera más estricta la extracción de materiales en los sistemas fluviales, incorporando criterios de sostenibilidad que consideren no solo la oferta económica, sino también la resiliencia ecológica y la tasa de regeneración de los recursos. Esto abarca, al mismo tiempo, la supervisión de la minería ilegal.

En segundo lugar, se requiere una inversión sostenida en la modernización de la infraestructura hidráulica. La sustitución de materiales obsoletos por tecnologías más duraderas, como el PVC o el polietileno de alta densidad, la implementación de sistemas de detección de fugas y la mejora de las plantas de tratamiento son acciones fundamentales. La medición precisa del consumo y las pérdidas es la base de la optimización del recurso.

Y, lo más importante, una nueva gestión del agua es impensable sin un giro de mentalidad. Necesitamos una nueva relación filosófica con el agua; que su concepción pase de un bien comercial o económico a lo que es en realidad: el eje del desarrollo y la vida. El agua embotellada debería ser un producto ridículo, y la falta de acceso a agua confiable no debería ser una oportunidad para las empresas, sino una alarma para el gobierno. La paradoja de Tabasco es un llamado de atención, porque la zona cuenta con el agua y la inteligencia para distribuirla de forma ejemplar. Mucha gente tiene la confianza de que Tabasco nunca sufrirá la escasez de agua que otros sitios viven, pero eso solo será con la preparación necesaria.

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