Muy sencillo. El poder judicial, puede borrar de un plumazo todos los avances de la Cuarta Transformación y regresarnos al viejo régimen. Recuerden que el sexenio pasado la Suprema Corte de Justicia apoyando al PRI y al PAN, a los grandes empresarios extranjeros y a los grandes defraudadores mexicanos, descalificó y echó para atrás todas las reformas constitucionales y cambios legales que impulsó la Cuarta Transformación. Jueces locales liberaron a los principales líderes de carteles y personas relacionadas detenidas y presentadas por las Fiscalías Federal y estatales. El poder judicial es el punto central en donde se promueve o se detiene la corrupción. Es en el poder judicial donde se hermanan secretamente el dinero, la justicia, la política y los parentazgos.

         Cambiar el poder judicial no es algo inaudito, lo hizo Ernesto Zedillo en cuanto entró al gobierno: cesó a todos los ministros de la Suprema Corte y les dio una pensión vitalicia dorada, y puso en su lugar, por dedazo, a gente de su confianza que no cuestionara su proyecto neoliberal de privatizaciones (ferrocarriles, minas, bancos, etc).; de endeudamiento, el fobaproa, el cobro de intereses sobre intereses (anatocismo) y que encubrieron sus matanzas (Acteal y Aguas Blancas). El poder judicial pasó entonces a ser una mera asamblea de agentes de los intereses de empresas trasnacionales y las corporaciones que no pagaban impuestos. Basta escuchar al ex ministro Cossío en el programa de Aristegui donde sigue defendiendo a los mismos.

         En este siglo, el poder judicial ha sido usado en América Latina y en España por los partidos políticos conservadores para dar golpes de Estado como en Paraguay contra Lugo, en Honduras contra Zelaya, en Brasil contra Roussef. Se usó para evitar que Lula da Silva fuera candidato en una ocasión, se usó contra Jorge Glas en Ecuador y se intentó hacer lo mismo con AMLO con el desafuero. Se ha usado para acosar legalmente a Cristina Kirchner en Argentina y a Pablo Iglesias y al partido Podemos en España. En el 2000 fue usado en Estados Unidos para quitarle la presidencia ganada por mayoría del voto popular a Al Gore y dársela a George W.Bush. El poder judicial inamovible y opaco se constituye en un Supremo Poder Conservador que sirve para impedir la elección de autoridades por voto popular, o que asuman el poder, o que puedan tomar medidas de gobierno, dictar leyes y hacer cambios constitucionales en favor de las mayorías y de la igualdad de la población.

         Una de las tareas básicas que asumió el gobierno mexicano de la República Restaurada tras la derrota del Imperio en 1867 fue la reconstrucción del sistema judicial nacional, basado en un sistema de votación. En Estados Unidos, en 43 estados la elección de este tipo de autoridades se considera como la base principal de la democracia. El lograr que en México este poder se reconstituya afirma a la Cuarta Transformación como un cambio de régimen real.

         Quienes hacen campaña porque no se vote, muchos intelectuales y catedráticos, tienen claro que lo hacen porque saben que se romperán sus cadenas de relaciones de influencias que les benefician. Y, sin embargo, tienen a candidatos que los representan y que seguramente varios de ellos serán electos, estableciendo un pluralismo que no ha existido ahora y que hasta a ellos les asegurará sus derechos. Llaman a no votar, pero ellos si van a votar. Así que hay que asegurarse de promover que vote todo tipo de personas. Habrá seguro muchos problemas y errores como en toda democracia, pero se trata -como dijo el Buda- de echar a andar la rueda. Para hacer efectivo el cambio la mejor guía para votar es hacerlo por los candidatos que tengan antes de su nombre las letras PE, es decir, que fueron aprobados por el Poder Ejecutivo.

         Varios de los grupos de la CNTE que piden justamente la abrogación de la ley Calderón del ISSSTE de 2007 proponen evitar o bloquear la elección del poder judicial. No entienden que si fracasa la elección no habría cambios en el poder judicial y entonces, aunque la presidenta y el poder judicial decreten la abolición de la ley, el poder judicial desconocería el decreto y todo seguiría igual. Más bien, deberían de informarse cuales candidatos en los diferentes niveles estarían de acuerdo con abrogar la ley y regresar las jubilaciones al sistema solidarios de reparto en lugar de cuentas individuales en Afores, para apoyarlos y conseguir sus fines y lo mejor para todos los empleados públicos.