Revocación bonsái

La tormenta desatada por el Presidente sobre el INE por la revocación de mandato parece haber encontrado un punto de salida, contrahecho, pero legal.

La tormenta arrancó en septiembre del año pasado, cuando el Presidente ordenó a sus diputados no darle al INE el dinero que necesitaba para organizar la revocación.

La ley obliga al INE, en este caso, a una elección federal, lo cual supone instalar 161 mil casillas. El INE pidió para esto y para una consulta popular que luego nadie quiso, una ampliación presupuestal precautoria de 3 mil 830 millones.

Los diputados oficialistas no solo no le concedieron esto al INE, sino que le recortaron 26 por ciento del presupuesto operativo que había solicitado para 2022.

El INE se querelló contra la decisión de la Cámara de Diputados en la Suprema Corte, donde no se ha fallado el fondo de su queja, y planteó el caso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Alegó en ambas instancias que nadie está obligado a lo imposible y que la elección será del tamaño del dinero que haya. Hoy por hoy, de unas 60 o 70 mil casillas.

En el camino, la mayoría de los consejeros del INE fueron acusados penalmente de colusión por el presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente López Obrador desestimó la acusación y el presidente de la Cámara dijo que retiraría la demanda, pero no lo hizo. La Fiscalía abrió una carpeta de investigación.

El fallo importante ha sido el del TEPJF, diciendo que el INE está obligado a organizar la elección, pero que Hacienda está obligada a responder a su petición de fondos.

El INE definió ya cuánto necesita para la revocación de mandato (mil 738 millones). Hacienda guarda silencio hasta hoy.

El hecho jurídico de fondo es que si Hacienda no financia al INE, el INE hará una elección recortada, bonsái, sin que se le pueda acusar de violar la ley.

Si Hacienda no pone el dinero, habrá una elección de pocas casillas. El Presidente le echará la culpa al INE del pobre espectáculo, pero no podrá acusarlo de haber violado la ley.

La Fiscalía, por su parte, no ha cerrado la carpeta de investigación penal.