Tabasco y los Centros Integradores

En julio del 2019 el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ratificó su empeño de recuperar para México un proyecto que en Tabasco, su estado natal, obtuvo resultados significativos a favor del desarrollo social contribuyendo a fortalecer la democracia de carne y hueso en la entidad.

El primer mandatario de la Nación ha ofrecido que se instalarán más de 10 mil Centros Integradores en nuestro país. Por ello, a invitación de mi querido amigo, Víctor Manuel Sámano Labastida, se publicarán en este diario una serie de artículos, parte de mi libro “Centros Integradores”, con el objetivo de rememorar la importancia de este proyecto de gran importancia para Tabasco y los tabasqueños, que justifica plenamente su ampliación al ámbito nacional, estoy seguro que con una enorme viabilidad.

Desde su campaña político-electoral, Enrique González Pedrero ofreció que su gobierno (1982-1988) se sustentaría en un proyecto en el cual el pueblo tendría un papel central. Los tabasqueños nunca han sido ajenos a la participación política, todo lo contrario; en ellos anida un marcado espíritu participativo, una profunda admiración por la democracia y un amplio respeto por la libertad. Ya con Tomás Garrido Canabal y con Carlos Madrazo habían vivido importantes momentos de impacto nacional. 

En este sentido, el Tabasco del periodo de Enrique González Pedrero se inscribe en la historia como una etapa de consolidación de la sociedad civil y del ejercicio de una democracia, como él la llamó: de carne y hueso.

EL AUGE PETROLERO Y SU IMPACTO

La década de los ochenta, especialmente difícil para nuestro país, no fue una etapa sencilla para Tabasco, toda vez que en los primeros años sufrió las consecuencias del llamado "boom petrolero", que más que beneficios le acarreó graves daños económicos y complejos problemas sociales producto del arribo de grandes cantidades de trabajadores petroleros que -con sueldos muy por encima del promedio-, generaron una demanda de servicios y mercancías que el estado no podía satisfacer, dando lugar a un proceso inflacionario que afectó el nivel adquisitivo de los grupos marginados.

El desmedido incremento de los precios agudizó la pobreza de las grandes mayorías y, además, originó un espejismo laboral que mucho dañó a la economía estatal; en especial a las actividades en el sector primario, ya que muchos campesinos dejaron sus tierras o trabajo en el campo para incorporarse a Petróleos Mexicanos (PEMEX) o a las empresas surgidas a su amparo, en búsqueda de un salario mejor. La elevada migración campo-ciudad agudizó aún más los efectos negativos en aquellas regiones del estado donde se desarrollaban actividades petroleras, causando con ello mayor escasez de alimentos, vivienda, servicios educativos y de salud, entre otros.

Enrique González Pedrero impulsó programas orientados a vencer la marginación, el terrible fantasma que recorría el estado. Para hacerlo, pidió a sus paisanos una amplia participación en las diversas esferas del gobierno. La democracia se convirtió en el eje rector sobre el cual habría de girar todo proyecto de gobierno. Democracia entendida como el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo, en su más amplio sentido.

PARTICIPACIÓN CON MÉTODO

Los Centros Integradores fueron parte de un método de gobierno que contribuyó a transitar, en forma más expedita, hacia las metas del desarrollo integral planteadas como compromiso de campaña y plasmadas posteriormente en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 1983-1988.

Cuando inicié la investigación (1987) sobre los CI, privaba en mí el síndrome del árbol; esto es, consideraba este programa como algo aislado, pero la recopilación de datos y la lectura de información sobre el particular me fue "conectando" con procesos que en realidad tenían un hilo conductor. Así, me permitió entender que estos centros no eran una idea aislada sino parte de un proyecto integral, maduro, íntimamente relacionados con el fortalecimiento municipal y con la planeación democrática (acciones en las que el gobierno de Miguel de la Madrid, 1982-1988, puso especial énfasis).

El 18 de julio de 1983, Enrique González Pedrero presentó ante la asamblea plenaria del Comité de Planeación del Desarrollo de Tabasco (COPLADET) el Plan Estatal de Desarrollo 1983-1988, que se convirtió -conforme a lo dispuesto en la Ley de Planeación, promulgada por el Congreso del Estado el 13 de julio de ese mismo año-, en el instrumento de aplicación obligatoria y rector de las acciones del gobierno de la entidad.

Tres objetivos fundamentales se establecían en el PED: reorientar las tendencias del crecimiento urbano-industrial; propiciar el cambio de las estructuras y fortalecer al ayuntamiento. ¿Cómo alcanzar esos objetivos? A través de dos líneas estratégicas: el rescate de las potencialidades primarias y el cambio de estructuras para la integración.

Todo giraba en torno a un propósito central: sustentar el desarrollo social a través de la redistribución de la riqueza por la vía de la generación de empleos, del aumento de la producción, de la organización de una sociedad más libre y el incremento de las acciones de gobierno encaminadas al logro de mayor justicia y seguridad social. Con este propósito, objetivo y estrategia, caminó el Ejecutivo estatal desde la aprobación del PED.

A partir del Sistema Estatal de Planeación Democrática se estableció el compromiso de organización que el gobierno estatal propició desarrollar con especial énfasis. Se procuró el fortalecimiento del municipio, lo cual se hizo con pleno respeto a su autonomía y con el propósito de que los principios de planeación democrática se hicieran efectivos en cada instancia y nivel de gobierno.

Con apego a los ordenamientos jurídicos y teniendo como guía la política de sectorización municipal contenida en el PED, los diecisiete ayuntamientos integrados a los subcomités municipales del COPLADET, a partir de 1983, prepararon sus propios planes de desarrollo municipal con las obligaciones y compromisos a realizar hasta el límite de su periodo constitucional.

Otra acción muy importante fue la implementada por todos los municipios del estado que se comprometieron a elaborar, al igual que el gobierno central, Programas Operativos Anuales (POA), en los cuales, de acuerdo con un Manual de programación-presupuestación, los ayuntamientos conformaron sus presupuestos por programas con bases reales y con un método translúcido que permitió a la comunidad saber cómo, cuándo y para qué se usarían los recursos financieros. (Continuará)