The Wall Street Journal y la “privatización” de AMLO

El pasado 23 de mayo el periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un editorial en el que, como todo periódico de ultraderecha, obviamente acusa a AMLO de ser un peligro para la democracia en México y para la propiedad privada. De igual forma el ultraderechista periódico El Universal publicó la medida tomada por AMLO de retirar la concesión de un tramo ferrocarrilero a Ferrosur: sin mayor análisis, de inmediato ese periódico la calificó de expropiación; lanzó con ello un mensaje subliminal que esa medida debía entenderse como una antesala al comunismo. El editorial del periódico estadounidense publicado también con la misma intención perversa evidencia además una total ignorancia de nuestra realidad histórica, política y jurídica y por lo mismo está plagado de incongruencias.

Ese editorial señaló el riesgo que nuestro presidente significa para los derechos de los inversionistas al EXPROPIAR tramos de vías CONCESIONADOS a la empresa Ferrosur, por convenir a sus fines políticos e ignorando la ley. Escribí con mayúsculas esas dos palabras a propósito: el editorial habla de expropiación sobre tres tramos de vías concesionados a Ferrosur, empresa filial del grupo México. Es obvio que el que escribió ese editorial no sólo desconoce el Derecho, desconoce nuestra Constitución y simplemente desconoce el significado de esas dos palabras. Si es concesión no puede haber privatización.

Nuestra Constitución, en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario de 1995 y reformada y publicada el 6 de noviembre de 2020 señala en su capítulo I que: “El servicio ferroviario es una actividad prioritaria y corresponde al Estado ser rector de su desarrollo. Al ejercer funciones de rectoría, el Estado protegerá en todo momento la seguridad y la soberanía de la Nación y promoverá el desarrollo del servicio ferroviario en condiciones que garanticen la libre competencia entre los diferentes modos de transporte y la eficiencia operativa en la prestación del servicio público de transporte ferroviario” El capítulo II de esa Ley se refiere a los requisitos para obtener las concesiones y los permisos de parte del Estado para construir, operar y explotar vías férreas. O sea que la Ley otorga concesiones, pero no la propiedad privada.

Repito, es seguro que el que escribió el editorial de ese periódico gringo no sólo ignora nuestra Constitución, sino que adolece de una supina ignorancia del Derecho y del significado de esas dos palabras: Expropiación y Concesión. Sólo se puede hablar de expropiación cuando un gobierno le quita un bien a alguien que en propiedad privada le pertenece, pero las concesiones de los bienes de la Nación NO son propiedad privada de ningún particular y en el caso de los ferrocarriles y de los tramos concesionados a Ferrosur no se pueden calificar de expropiación sino de retirarle la concesión.

Por otro lado, las medidas tomadas por AMLO para frenar a la antipatriota Suprema Corte en su afán ésta de frenar la construcción de las obras magnas de la 4T como el Tren Maya y el Transístmico, el gringo ignorante que escribió ese artículo señala que nuestro paisano presidente pone en riesgo la democracia. ¡Siempre la ultraderecha sacando el petate del muerto llamado democracia como arma acusatoria contra AMLO!

Ignora esta personilla gringa que en México nunca ha habido democracia, que durante todos los sexenios pasados sólo existió una fachada, un simulacro de democracia. Ignora esta persona que durante los sexenios pasados lo único que imperó fue el poderoso dedazo del sagrado presidente de la República: ese dedo imponía, sin mayor consulta al pueblo, al presidente entrante que lo relevaba. Y a la vez el presidente en funciones ponía y quitaba gobernadores por su santa voluntad. A la vez los gobernadores, como en una pirámide, ponían o quitaban presidentes municipales. El mismo jueguito funcionaba para nombrar senadores y diputados federales y locales. Así que hablar de un pasado con democracia en México se me hace una vacilada.

No olvidemos que durante los sexenios de esplendor de la férrea dictadura presidencial los poderes legislativos y judicial estaban subordinados totalmente al presidente de la República. Los senadores y diputados sólo eran levanta dedos en los recintos legislativos y sólo acataban órdenes del ejecutivo. De igual forma los magistrados de la Suprema Corte, ajenos siempre a los intereses de la Nación y coludidos con los intereses de la oligarquía, aprobaban todo lo que esos presidentes antinacionales y traidores a México le ordenaban.

Recordemos que con ese amasiato asqueroso de alcoba Salinas y Zedillo privatizaron y rescataron los bancos con dineros de la Nación, de los impuestos de los mexicanos: deuda privada de los bancos que se convirtió en deuda pública y así surgió el FOBAPROA. Ésta fue calificada como la deuda del siglo que hasta hoy se sigue pagando con nuestros impuestos.

Así también y de manera autoritaria, anticonstitucional, sin respetar la libertad del poder legislativo, Zedillo le dio órdenes a la entonces presidenta del Senado, María de los Ángeles Moreno, para convencer a los senadores y al senado para que aprobaran la entranjerización de los bancos. Por esas medidas ningún periódico gringo o nacional ladró entonces, ni pegó el grito en cielo.

Así que los miembros de la oposición no lloren hoy lágrimas de cocodrilo por una supuesta democracia y un respeto a la libertad entre los tres poderes que nunca ha existido en México y que, según ellos, por culpa de AMLO se ha perdido.