La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de determinar que debido a negligencia médica un adulto mayor falleció en un hospital de Sinaloa.

Los hechos ocurrieron el 14 de noviembre de 2019, cuando un hombre de 67 años de edad, con diagnóstico de hipertensión y diabetes mellitus tipo II, fue ingresado en la Unidad de Medicina Familiar número 35 (UMF- 35) del municipio de Culiacán por dolor en la boca del estómago, pero le negaron el servicio porque no llevaba su carnet de citas.

Al no mejorar su estado de salud, el día 31 se presentó nuevamente en la UNMF-35 donde, sin una valoración médica integral, sólo le recetaron ranitidina, butilhioscina y omeprazol, sin prescribir estudios de laboratorio o radiografías. 

Un día después regresó, pero se le recetaron otros medicamentos y se le indicó realizarse una radiografía de tórax y análisis de laboratorio, sin especificar que eran urgentes.

La madrugada del 2 de febrero de 2019, la víctima acudió al Hospital General Regional número 1 (HGR-1) de Culiacán, donde se le realizó una laparotomía exploradora, la cual mostró una perforación gástrica, pero los médicos residentes sólo determinaron retenerlo en urgencias, en lugar de considerar enviarlo a terapia intensiva para cirugía. 

“Durante la estancia de la víctima en Urgencia, sus familiares no recibieron informes sobre la gravedad del estado de salud de su padre. Fue el 3 de febrero cuando el médico de turno le avisó que su familiar había fallecido”, informó la CNDH a través de un comunicado.

Violación de derechos de protección a la salud

De acuerdo con un estudio lógico-jurídico del caso, la Comisión “pudo comprobar la violación de los derechos a la protección a la salud, a la vida y al trato digno de la víctima, adulto mayor, así como al derecho a la información en materia de salud en agravio de sus familiares y de dos víctimas indirectas por la mala atención recibida del asegurado en las instalaciones médicas del IMSS”.

• Como parte de la recomendación 240/2022, se solicitó al director general, Zoé Robledo Aburto, que se proceda a la inmediata reparación integral del daño a las víctimas directa e indirectas, y que se dé trámite y seguimiento al expediente para determinar la responsabilidad administrativa de cuatro personas servidoras públicas del IMSS, mismas que serán investigadas por la Fiscalía General de la República por hechos probablemente constitutivos de delito.