Uno. Karla María Estrella Murrieta, ciudadana sonorense, es sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por haber emitido, en febrero, un mensaje en redes sociales en el que supuestamente usó violencia de género contra la diputada, también sonorense, Diana Karina Barreras Samaniego, del Partido del Trabajo. Aun cuando la resolución no fue unánime, pues un par de magistrados estuvieron de acuerdo en que la denuncia de la representante popular no procedía debido a que el comentario divulgado —apegado al derecho de libertad de expresión— sostenía una crítica al ascenso de Diana Karina como resultado de una práctica de nepotismo y no por su condición de género, Karla Estrella deberá pagar una multa y ofrecer disculpas públicas a la diputada. Héctor Aguilar Camín sostiene que la crítica de Karla María no encuadra en las definiciones de “violencia de género”, pero sí la resolución del Tribunal. Denuncias y sanciones de este tipo empiezan a volverse comunes en la esfera pública mexicana. Héctor de Mauleón, analista político de El Universal, recibió en mayo pasado una sanción similar por parte del Instituto Electoral de Tamaulipas por haber denunciado a Tania Gisela Contreras López —candidata en ese momento a magistrada y, posteriormente, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas—como parte de una red de tráfico de combustibles en los que supuestamente participaba con su cuñado, Carlos Madero Larios. Tania acusó, también, a Mauleón y a El Universal, de haber incurrido en violencia de género.

Dos. Ana Maribel de Atocha Huitz May, jueza de control interino del sistema Penal Oral y Acusatorio del Estado de Campeche, dictó el miércoles pasado nuevas medidas cautelares contra el periodista Jorge Luis González Valdez y a su medio, el periódico Tribuna, a pesar de que había decidido, días antes, retirar la prohibición que se le había impuesto al comunicador para ejercer la profesión durante dos años, además del retiro del sitio digital del medio. Según el dictamen de la jueza, el Tribunal Superior del Estado deberá designar interventores que revisarán y definirán qué podrán publicar y no el periodista y el periódico. Ante la decisión, rechazada categóricamente por el afectado, el medio informativo ha decidido suspender sus publicaciones. González Valdez ha sido crítico sistemático del desempeño de la gobernadora del estado, Layda Sansores. La imposición de estas medidas de vigilancia y censura no tienen precedente en la historia contemporánea del país, según varios analistas.

Tres.- La Fiscalía General de la República abrió un expediente de investigación sobre el ex presidente Enrique Peña Nieto, luego de que un diario de Israel, The Marker, divulgara que dos empresarios de ese país, radicados en México desde el año 2000, habrían “invertido” 25 millones de dólares en el ex presidente para asegurarse el otorgamiento de varios contratos en materia de seguridad, entre los que destaca la venta del programa de software espía Pegasus. No obstante que las referencias de la publicación son ambiguas, existen elementos para creer que el personaje referido en las conversaciones aludidas para hacer la denuncia es, efectivamente, el priista, hoy radicado en España. A las pocas horas de hacerse pública la denuncia y de que la fiscalía confirmara la apertura de la investigación —y luego de que la presidenta declarara que “no hay tal pacto”, en referencia al supuesto acuerdo que habrían alcanzado Peña Nieto y López Obrador mediante el cual aquel nada haría para impedir el triunfo de éste en 2018, a cambio de impunidad para la cópula priista del poder— Enrique Peña Nieto, en su cuenta de X sostuvo que era “totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones”.

Cuatro. Según documentos obtenidos por Excélsior, Adán Augusto Hernández López conocía los nexos de Hernán Bermúdez Requena con el crimen organizado cuando lo nombró, en su calidad de gobernador de Tabasco, como secretario de seguridad del estado. Según la publicación, en 2018, siendo ya gobernador electo, Adán Augusto desestimó los reportes de una agencia consultora que contrató para ayudarle a elaborar su programa sexenal de seguridad pública. El informe señalaba a Bermúez como “persona de interés” en una base de datos de la inteligencia federal sobre sujetos relacionados con las bandas criminales. Bermúez es hoy prófugo de la justicia. Lo busca la Interpol y los últimos reportes señalan que estaría resguardándose en Brasil. Adán Augusto, a diferencia de Peña Nieto, no ha hecho declaración alguna y los medios de comunicación no han podido contactarlo. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no habrá protección para nadie, pero también indicó que no se investiga a López Hernández “pues no hay denuncia en su contra”. Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, dijo que no corresponde a Adán Augusto aclarar el caso; es responsabilidad de la Fiscalía llegar al fondo del asunto.

Cinco. Donald Trump dijo, “intentando ser diplomático”, que los cárteles tienen “un tremendo control sobre México” y que sus autoridades están “petrificadas” y temen ir a trabajar. El anuncio lo hace días después de anunciar que a partir del 1 de agosto todos los productos de exportación del país deberán pagar aranceles del 30 por ciento y dos antes de que Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, comparezca ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago y formalice su declaración de culpabilidad bajo cargos federales, como parte de un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia. La presidenta respondió en su conferencia matutina, ayer, que enviará de nueva cuenta al presidente norteamericano un reporte de todas las acciones emprendidas por su gobierno para enfrentar a los cárteles; esto ayudará a aclarar las cosas, dijo.  

Seis. La revista Nexos nombró a su edición de este mes, “Réquiem por la transición democrática”, mientras que en la portada de la edición, también de este mes, de Letras Libres se lee que la publicación “lamenta el fin del Poder Judicial Independiente después de una reforma fraudulenta y unas elecciones antidemocráticas”.