Altar Mayor

Como que algo ocurre en el gobierno de la 4T, donde por más esfuerzos que se hacen, da la impresión que en algunas áreas, particularmente en el de la procuración de justicia, hay fallas garrafales, no sabemos si es por impericia, descuido o por alguna extraña razón para que las cosas no salgan como es el deseo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de demostrar que el gobierno que encabeza no es más de lo mismo.

Fíjese usted, llama la atención un reciente comunicado de la Fiscalía General de la República, en el caso del proceso de Emilio Lozoya, en el que acusa que jueces y magistrados federales volvieron a "evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad" a favor de Emilio "N", exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en contra del Estado y dicha empresa estatal.

Esto, luego de que un Tribunal de Apelación confirmara que la FGR no podrá presentar las pruebas que tenía contra Emilio "N" para acreditar que recibió millonarios sobornos de la constructora Odebrecht (Proceso 24/09/2023).

Lo extraño del comunicado es que en él no se hace referencia a que la resolución del Tribunal que confirmó que la FGR no podrá presentar pruebas contra Emilio Lozoya por el caso Obredrecht, es porque aquellas evidencias se obtuvieron sin autorización de un juez.

"Los medios probatorios C-5 y C-7 contienen información bancaria respecto de la cual es necesario contar con una orden judicial previo a su obtención, y si bien es cierto que esas probanzas se allegaron a través del mecanismo de asistencia jurídica internacional, lo cierto es que la restricción constitucional sobre ese tópico no hace diferencia si tal información se remite de alguna parte del mundo o sólo de nuestro país, por lo que resulta irrelevante del lugar donde provenga, pues lo realmente importante es cómo se adquirió y la prohibición de incorporarse a procesos jurisdiccionales sin colmar los requisitos que nuestro derecho interno exige" (Infobae 23/09/2023).

Entonces si las referidas pruebas, como dice el Tribunal de Apelación, se obtuvieron sin mediar orden de un juez, ello sin duda es un craso error no de la justicia federal, sino de la Fiscalía General de la República.

Esa circunstancia es la que llama la atención; esto es, si tal situación fue por impericia, descuido o por alguna extraña razón, para facilitar o en todo caso lo que algunos llaman, allanarle el camino para su salida a Emilio Lozoya.

Recuérdese que este es un caso emblemático del gobierno de la 4T, del que mucho se hablado, dado el interés del Presidente AMLO para demostrar que su gobierno no es más de lo mismo ni tampoco es tapadera de nadie.

Pero llama también la atención, que igual que como ocurrió con el caso de la reforma electoral, en el que quienes fallaron fueron los legisladores de MORENA al violentar el proceso para su aprobación por no respetar las normas creadas por el legislativo --según lo resolvió la SCJN--, ahora sea la FGR como por cierto ha ocurrido en otros casos, en que por una deficiente investigación o por errores en partes sustanciales del procedimiento que deben ser cuidadosamente ejecutados, la labor de algunos funcionarios de tal dependencia ha dejado mucho que desear.

Ahora, más extraño resulta que la culpa de tales fallas se atribuya a los jueces y magistrados federales, porque quienes conocen de Derecho saben que no son éstos quienes consiguen y aportan las pruebas, sino que tal actividad le corresponde al órgano de la acusación, en este caso, a la Fiscalía General de la República; en todo caso aquellos, lo que están haciendo es preservar que se respete el marco constitucional y que no se violenten los derechos humanos del inculpado.

Pero bueno, habrá que estar atentos para ver que noticias siguen surgiendo del proceso de Emilio Lozoya, al que ya le está llegando una navidad más sin resolverse o, también surge la pregunta de algunos, el ex director de Pemex ¿habrá recibido ya el perdón oficial?. (altar_mayor@yahoo.com.mx)