El tema de la reforma judicial sigue dando de qué hablar en diversos escenarios.

Por supuesto que como era de esperarse el reciente proceso de elección judicial, para más de uno no puede pasar desapercibido.

Desde el 5 de febrero del año pasado, recuérdese que se generó mucho revuelo cuando se dio a conocer en el gobierno anterior que se enviaría al Congreso de la Unión la iniciativa de dicha reforma, misma que  hizo suya la hoy Presidenta de México, Claudia Sheibaum, al incluirla en su propuesta de campaña electoral.

Por su gran complejidad es un asunto que muchos en verdad, aún no la han logrado entender, o tal vez no han dimensionado los alcances de la citada reforma.

Particularmente en lo relativo al método establecido para elegir mediante el voto (como se dice, se hace en Bolivia), a los miembros de la judicatura federal, desde los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de circuito y jueces de distrito, hasta los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de las Salas Regionales del mismo. El proceso incluye, adicionalmente, lo que será ahora el Tribunal de Disciplina Judicial.

Tribunal este último, por cierto, que algunos han empezado a denominar como el Tribunal de la "Santa Inquisición", por el hecho de que será el encargado de instaurar los procedimientos contra los ministros, magistrados y jueces de Distrito que pudiesen incurrir en alguna anormalidad.

Como era de esperarse,  esta elección judicial, igual que  ha ocurrido con otros asuntos motivó la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA), surgiendo el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral de dicha organización (MOE/OFA), en el que propiamente se confirmó por una parte lo que ya había hecho público el Instituto Nacional Electoral (INE) referente al escaso nivel de participación de la ciudadanía (aproximadamente 13%), destacándose además en dicho informe la celeridad para llevar a cabo la reforma así como lo relativo al cuestionamiento de la ciudadanía en el sentido de que si esto sería lo adecuado para solucionar problemas endémicos del Poder Judicial tales como el nepotismo, la opacidad y la corrupción.

En el informe de la OEA, se subraya lo que para muchos resultó algo novedoso como es lo  referente al reparto de los llamados "acordeones" que, al decir de quienes justifican el uso de ese elemento, era para facilitar el proceso al momento de emitir sus votos.

Por cierto, dicho informe del organismo internacional fue rechazado de inmediato tanto por la presidenta Sheinbaum, --quien en su oportunidad calificó como exitosa la elección-- como por el canciller Juan Ramón de la Fuente y el Presidente del Senado Gerardo Fernández Noroña, tildando la participación de observadores de la OEA como injerencista e intervencionista.

Pero como dice la voz populi, será el sereno, y en contraparte otros dirán: cuando el rio suena agua lleva.

Corolario de todo esto, en algunos sectores de la sociedad mexicana, persiste y quedan en el aire estas preguntas: ¿en verdad esa era la reforma judicial adecuada para solucionar el nepotismo, la opacidad y la corrupción? Y ¿eso fue lo que demandó el pueblo?

Ya veremos dijo un ciego y lo llevaban jalando. O como dijera el extinto y excelente ex gobernador de Tabasco, Enrique González Pedrero, "hablarán los hechos".

Entrelíneas...

La orden del gobernador Javier May Rodríguez es categórica y los directivos del ISSET tienen un enorme reto por delante, la profilaxis se ha emprendido para desterrar vicios y anomalías en los servicios médicos de esa institución. Sin duda, habrá respingos de algunos pero todo sea por la mejoría en la atención a los derechohabientes de ese Instituto. (altar_mayor­@yahoo.com.mx)