El tema de personas desaparecidas en México, durante los últimos años, es un asunto que estaría generando controversias entre el gobierno mexicano y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismo internacional cuyos esfuerzos históricos tienen que ver con acciones para mantener la paz y la seguridad internacionales, promover el desarme, proteger y promover los derechos humanos.

Hace unos días, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas recordó a México que las desapariciones forzadas siguen siendo un asunto pendiente en su relación con el organismo, al exigir respeto institucional y cumplimiento de tratados internacionales relacionados precisamente con los derechos humanos.

Tal recordatorio fue generado a raíz de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum quien dijo desconocer la conclusión del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) sobre "crímenes de lesa humanidad" que presuntamente se estarían cometiendo en México en el contexto del aumento de las desapariciones forzadas a lo largo y ancho del territorio nacional.

El presidente del CED, Juan Pablo Albán-Alencastro, aclaró en su cuenta de twitter que dicho comité sí es parte del sistema de Naciones Unidas y que su mandato es vigilar el cumplimiento de tratados internacionales adoptados en el seno del organismo multilateral y se refirió a un estudio generado en el organismo citado donde se da cuenta sobre la situación que impera en México en relación con el registro de personas desaparecidas.

Por ejemplo, refirió Juan Pablo que en el referido reporte se señala expresamente que el CED "considera que el número de personas desaparecidas registradas (más de 132,400 al 19 de febrero de 2026) y su constante aumento son, en sí mismos, indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa". A inicios de 2026, las cifras oficiales estiman alrededor de 72,000 restos humanos sin identificar (en comparación con 52,000 en el momento de la visita del Comité en 2021), reveló además.

Según el presidente del CED "el análisis del #CED no se limita a un periodo cerrado. La decisión adoptada examina la evolución de la situación hasta la actualidad, a la luz de las interacciones que hemos tenido con el Estado (mexicano) desde 2012 y que hoy continuamos teniendo".

"El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable", lanzó el experto independiente.

"Las diferencias jurídicas —e incluso políticas, aunque el asunto no debería politizarse— son comprensibles en el marco del diálogo internacional y la cooperación que debe existir por mandato de la Convención, entre el #CED y los Estados parte. Sin embargo, es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de DDHH y sus integrantes, en línea con el principio 5 de las Directrices de Addis Abeba sobre la independencia y la imparcialidad de los miembros de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos: https://docs.un.org/es/A/67/222.

Albán-Alencastro en su cuenta de TW recordó que "Los órganos de tratado sí formamos parte del Sistema de las Naciones Unidas. Somos mecanismos creados por tratados internacionales adoptados en el seno de la ONU por los Estados miembros, y nuestra función es supervisar su cumplimiento" y subrayó que los integrantes de los órganos de tratados "somos elegidos por los propios Estados partes. Actuamos con independencia, pero no al margen del Sistema de las Naciones Unidas".

"Los objetivos comunes, concluyó, deben seguir siendo: fortalecer la prevención de las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos de desaparición y erradicar el fenómeno, todo ello en beneficio de las víctimas y sus familias", precisó el presidente de la CED.

En resumen, es preocupante que el tema de las desapariciones forzadas en México vaya escalando al plano internacional sin que, por el momento, se vislumbren acciones que tiendan a contrarestar ese tipo de escenarios. ([email protected])