La crisis que se avizora….

Hay quienes ven en el futuro inmediato –pero sobretodo más allá del 2024— un escenario muy complicado en lo que se refiere a la economía nacional.

Se vislumbran tiempos difíciles como consecuencia de las políticas –y los compromisos sociales-- que en el tema de las finanzas han sido instrumentadas en el gobierno últimamente.

Y es que según algunos expertos como el columnista Enrique Quintana (periódico El Financiero) desde ahora puede asegurarse que sea cual sea el resultado de las elecciones en 2024 y con independencia de cuál sea el candidato ganador a la presidencia de la República, “no habrá otra opción que emprender una reforma hacendaria de gran profundidad en la siguiente administración  y probablemente (esto sea) en el primer año del nuevo gobierno, es decir, en 2025”.

Los especialistas en asuntos de finanzas dicen que la diferencia entre una reforma fiscal y una reforma hacendaria estriba en el hecho de que la primera atiende principalmente los aspectos de tributación, relacionados con el gobierno federal en tanto que la segunda involucra también al gasto y el ámbito de los gobiernos locales.

Pero ¿por qué algunos vislumbran que no habrá otra opción más que emprender ese tipo de reforma hacendaria al inicio de la próxima administración federal?.

La principal razón, se dice, tiene que ver con las fuertes presiones de gasto que se irán presentando, provenientes de varios factores y que necesitarán de nuevos recursos para su financiamiento.

Por ejemplo, el creciente pago de pensiones. Para el 2023 se ha presupuestado para ese concepto un pago del orden de 1 billón 333 mil millones de pesos. Si se toma en cuenta la tasa promedio de crecimiento de los últimos seis años, proyectándolo a 2024 se terminará pagando en el actual sexenio poco más de 1 billón 400 mil millones a precios de 2023. 

Considerando el supuesto conservador de que se mantiene la misma tasa de crecimiento en el siguiente sexenio, el pago adicional anual que tendría que hacerse en el año 2030 sería de 560 mil millones de pesos a precios actuales. Aun considerando una inflación moderada, del orden de 4 por ciento anual promedio, implicaría 705 mil millones de pesos más. Con el actual sistema impositivo tal y como está no hay manera de financiar esa carga adicional.

Por otro lado, de acuerdo con los datos del INEGI, la inversión pública hasta el segundo trimestre de 2022 es 17.1 por ciento inferior a la del mismo periodo de 2018. Y si se observa que el nivel más alto, al que se llegó en el mismo periodo de 2009, hace 13 años, la caída es de 48 por ciento. Eso ha implicado un fuerte deterioro de la infraestructura física del país, que requiere recibir inversión.

Pero por si ello fuera poco habría que tener presenta que los diversos programas sociales han quedado en ley o incluso en la Constitución como es el caso de la pensión universal para adultos mayores, diferente a los pagos de jubilaciones u otras pensiones del sector público que requerirán también algunos cientos de miles de millones de pesos para poder financiarse en los próximos años y la estructura tributaria ya no da más de sí.

Y a su vez, los estados tendrían que desarrollar nuevos y mejores mecanismos de tributación que les den autonomía en virtud de que actualmente, más del 90 por ciento de los ingresos que reciben las entidades federativas proviene de la recaudación federal pues los impuestos locales son muy poco usados, y, al contrario, su peso se ha reducido, como por ejemplo en el caso de la tenencia de los automóviles. 

Entrelíneas….

Bajo ese escenario tan complejo queda claro que el próximo gobierno federal tendrá que allegarse más recursos para poder solventar todos los compromisos; y en esto, habrá que ver si en 2024 Morena conserva la mayoría legislativa para poder sacar adelante una reforma hacendaria que permita el fortalecimiento de las finanzas nacionales. (altar_mayor@yahoo.com.mx).