Empresarios, con más seguridad para invertir en Tabasco

La extorsión y el chantaje es un mal que desde hace años vienen padeciendo los empresarios tabasqueños y quienes habitan en zonas donde hay intensa actividad comercial y productiva. Independiente de las leyes a favor o en contra por la extorsión, este es problema que debe terminarse.

Lamentablemente, las antiguas administraciones de Pemex propiciaron y alentaron la industria de la extorsión, que es muy distinta del justo reclamo de afectados y pobladores. No se ajustaban las leyes porque desde las oficinas gubernamentales de los viejos regímenes había una especie de acuerdo entre funcionarios y bloqueadores. Era una pequeña mina de dinero que se repartían. La bolsa tenía que estar viva y constante.

Ahora, con la Ley Anti Extorsión –mal llamada Ley Garrote-, la disposición que viene del Ejecutivo busca frenar de una vez por todas la forma de operar de ciertos líderes, si así se les puede llamar a quienes encabezan verdaderos grupos delincuenciales.

“Sí pasas pero antes debes pagar un diezmo, caso contrario te quitamos lo que traigas”. Un derecho de piso, dice el gobernador Adán Augusto López y tiene razón.

La operación era casi perfecta y se convirtió en común, a tal grado que se tenía que guardar un recurso para ese tipo de acción. Los testimonios de los empresarios abundan.

Hay quienes recuerdan a José Domínguez, alias El Caballo, líder de un gremio en la CTM, quien se dedicaba a estos asuntos. Aprendió tanto que desde un café en el centro de Villahermosa hacía sus operaciones. Ahí le reportaban qué pozo estaba cerrado y cuál se mantenía en turno; además comentan que traía una lista de quienes no quería pagar. Era efectivamente en la práctica un derecho de piso, una operación de delincuencia organizada. De esa forma se condujo por varios años el laboralista Edgar Azcuaga, flamante docente de la Universidad Juárez, y dirigente de la FTOT, según denuncias publicadas en diversos medios. Hay involucrados ex alcaldes, familiares de funcionarios, diputados.

Como ellos existieron muchos, y dejaron como herencia a sus hijos esos cotos de poder, donde el dinero era obtenido de manera fácil, solo con estirar la mano y con un garrote en la otra. Esa sí era una “Ley del garrote”.

Ahora el gobierno quiere darle seguridad a los empresarios para que puedan invertir en la entidad sin miedo, sin contratiempo de que vayan a ser asaltados en los caminos. También seguridad a la población.

Recuerdo que en algunas conferencias de los simposios petroleros, era lo que siempre se pedía: protección a los inversionistas. Ahora con el proyecto de la nueva refinería, está por demás explicar que es urgente apretar la mano para aplicar la ley.

No todos estarán de acuerdo, pero las inversiones para el estado son primordiales y necesarias, ya no se puede estar soportando que algunos grupos tomen el control de las vías, y mucho menos que no dejen pasar a quienes trabajarán en los proyectos.

Se tiene que hacer algo, y el Ejecutivo tomó la decisión. Los empresarios han declarado que apoyan la disposición, sobre todo porque a ellos les dará esa seguridad que buscan desde hace varios sexenios y que no habían encontrado. Al final, los resultados darán la razón al gobernador López Hernández.

PRIMERA PARADA

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco, Beatriz Milland Pérez, aseguró que se revisarán con lupa las cuentas públicas del 2018 una vez que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado entregue los informes correspondientes a las tres comisiones inspectoras de Hacienda.  Recordó que 31 de agosto es la fecha límite para que el OSFE envíe la documentación necesaria al Congreso del Estado para entonces proceder al análisis correspondiente para determinar si se emite calificación reprobatoria.

SEGUNDA PARADA

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se crea la subsidiaria de Telecomunicaciones e Internet para Todos. En dicho documento se menciona que el objetivo es prestar y proveer servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro. Añade que cuyo objetivo es garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el de banda ancha de internet.

PARADA ESPECIAL

La mañana de este viernes fue asesinado en Guerrero el periodista Edgar Alberto Nava López, administrador y editor de la página "La Verdad de Zihuatanejo". Fue atacado cuando salía de una actividad para niños en la playa Principal en la cabecera municipal, organizada por las autoridades municipales por el período vacacional.