* Decisión de AMLO, 2018: no iniciar investigaciones a expresidentes

* Consulta 2021: enjuiciar a expresidentes, 90% sí; votó 7% del padrón

* Presión de EEUU: el peso de políticos coludidos con el narcotráfico

Limpiar la vida pública es anhelo republicano de 1968 a la fecha. La estructura del sistema político mexicano, engrasada con corrupción, fue (¿es?) hidra de mil cabezas. Incluso con la expectativa de cambios en el poder judicial (no más justicia discrecional) queda ropa sucia en el cesto: prácticas burocráticas (comisiones y omisiones) y contubernio de funcionarios con el crimen organizado. Las noticias que tienen epicentro en Tabasco abonan a una percepción negativa. Pero si la entidad tiene historia y afinidad 4T, se presenta la oportunidad de limpiar la casa.

Es hora de ir a fondo contra la corrupción. Sobre esto: ¿hay consenso entre la ciudadanía y la clase política? Cuestión clave: ¿cómo limpiar la vida pública sin romper el piso institucional que brinda estabilidad? Reto formidable para la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Javier May. Hay voluntad política. ¿Faltan instrumentos institucionales?

Como siempre, hay que ver con cuidado el contexto: de dónde venimos.

RECUERDOS DE PALENQUE

AMLO TUVO COMO BANDERA programática el combate a la corrupción: “Nada ha dañado más al país como el cáncer de la corrupción.” Lo dijo en numerosas ocasiones. Mensaje que caló en la ciudadanía. También, por el tamaño del problema, AMLO advertía: “la política es optar entre inconvenientes”. Quizás en su retiro de Palenque, AMLO recuerde una de las decisiones políticas más delicadas que tomó: no enjuiciar a expresidentes. ¿Fue lo correcto éticamente?, ¿fue lo correcto políticamente? A toro pasado, la decisión genera polémica entre simpatizantes 4T: ‘había legitimidad para actuar contra los abusos de expresidentes’, plantean los duros. ‘No había condiciones para llamar a cuentas a expresidentes y mantener la estabilidad institucional’, asumen los moderados. Entre ambas posturas, la realidad: la pandemia Covid-19 (2020-2022) desvió la agenda de AMLO y su equipo. Cambiaron las prioridades.   

En el gobierno de AMLO se judicializaron los casos de la Estafa Maestra (Rosario Robles) y Odebrecht (Emilio Lozoya). También se llevó a la justicia al exprocurador de “la verdad histórica” del caso Ayotzinapa, Jesús Murillo Karam. Le estalló, por contra, el caso Segalmex (15 mil millones de desvíos), con sanciones a funcionarios menores y sin sanción para el titular Ignacio Ovalle Fernández, que de ahí brincó a la coordinación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en la Secretaría de Gobernación. ¿Caso cerrado?

En estos y otros casos, el autónomo fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, quedó a deber. AMLO, de 2022 en adelante, se centró en la sucesión presidencial de MORENA.      

CONSULTE Y NO VINCULE

LA LEY FEDERAL de consulta popular se integró a la Constitución mexicana en marzo de 2014, para preguntar a la población sobre problemas nacionales y cómo atenderlos. Democracia participativa en ciernes, no se utilizó de 2015 a 2018, con el presidente Enrique Peña Nieto en tobogán impopular. AMLO triunfa en 2018 y como presidente electo promueve una consulta popular no reglamentada por la ley federal vigente, sobre el aeropuerto internacional que se construía en Texcoco. En mayo de 2021 se reglamenta que la participación ciudadana del 40% del padrón electoral vuelve vinculante la consulta popular: toma de decisiones sobre el asunto planteado, siguiendo la voluntad mayoritaria expresada.        

El domingo 1° de agosto de 2021, se realizó la primera consulta popular nacional con respaldo institucional. El asunto traía fuego: juicio a expresidentes. La propuesta inicial de AMLO fue preguntar a la población si se debía investigar y juzgar a sus cinco predecesores por presuntos delitos cometidos en sus mandatos: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La Suprema Corte ordenó modificar el enunciado para preservar la presunción de inocencia de los aludidos, pues la Constitución no permite celebrar consultas si vulneran derechos humanos. La pregunta final fue un galimatías: "emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas". Confusión y acaso mano desactivadora de la Corte. La escasa participación (7%) fue reprochada por AMLO al INE, por la instalación de un tercio de casillas, en comparación con el total 2018; el INE argumentó: “no hubo más presupuesto”. 90% dijo sí a enjuiciar a expresidentes. 

La consulta popular puede ser instrumento útil para situar acciones anticorrupción, aunque juristas opinan que ‘basta con aplicar la ley’.  

TIZNADO NORTE

DESDE AGENDA geopolítica que tiene a México como vía de escape, el presidente de EEUU Donald Trump exige aquí acciones contra peces gordos. Los aranceles siguen subiendo y las políticas de migración son declaraciones unilaterales. La presión norte vuelve el tema/corrupción urgente. “Pruebas”, revira Sheinbaum. Si se encuentran: ¿se actuará en consecuencia, tope donde tope? Ésa parece la madre de todas las decisiones.  

(vmsamano@hotmail.com)