Tendrá que pasar un tiempo razonable (un año, dos) para dimensionar el cambio del Poder Judicial. Por lo pronto, no se presentan escenarios de crisis anunciados por la oposición política: inmovilidad jurídica (tortuguismo en los casos), repercusiones económicas negativas (caída de la bolsa, devaluación del peso) o justicia cargada hacia la 4T. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que el nuevo modelo es más democrático que el anterior, por la responsabilidad ciudadana de elegir a ministros, magistrados y jueces. En este sentido tiene razón. Hubo países atentos a lo realizado en México con la reforma judicial: la impartición de justicia es incordio mundial por demografía e intereses enquistados en las Cortes. Hay mucho por hacer para consolidar una cultura jurídica de perfil ciudadano: información clara para ejercer el voto razonado frente a la complejidad numérica: 80 decisiones frente a la boleta. ¿Cómo votar sin acordeones? He ahí el dilema.

            Se trata del cambio institucional más importante del México moderno. Sheinbaum abanderó el cambio propuesto por AMLO como plan C. Fue la reforma de reformas, para frenar a élites que perdieron en la arena política 2018 y se atrincheraron en el poder judicial.      

I

Bajo la lupa

En el segundo año del sexenio Sheinbaum, el funcionamiento del poder judicial estará bajo escrutinio máximo. Así debe ser, por interés de la república. Con precisión por anhelo ciudadano: que prevalezcan criterios técnicos y jurídicos, no los anteojos políticos. ¿Será posible a corto plazo?

"En México, el poder judicial se encuentra hoy ante un camino inexplorado", escribe el investigador Héctor Quintanar, que advierte escrutinio popular en marcha: "el voto ciudadano irá refrendando a los que lo hagan bien y castigando a los que no". Y es que, mientras la sociedad observa, habrá efectos colaterales: "la presidenta Sheinbaum está pensando en los inversionistas. Puede meter mano para reducir la incertidumbre que generan los nuevos jueces. Para allá van sus esfuerzos legislativos, bajo la idea de que, aunque entren nuevos personajes, las leyes van a garantizar las reglas", apuntó la politóloga Aritmética Jaime. Hay reto republicano aquí: no a los nexos de complicidad ni mano negra al estilo presidencial clásico.                            

A nivel operativo se tiene que pensar en el 2027, cuando se realizará la segunda elección nacional de ministros, magistrados y jueces. 13 millones de votos ciudadanos, en la primera elección judicial 2025, fueron motivo de polémica. El proceso fue accidentado. La oposición desertó del debate: simplemente descalificó la elección judicial. Voces opositoras plantearon la invalidez por uso faccioso de acordeones que propiciaron voto inducido. En los espacios mediáticos no gustó la calidad del proceso judicial, aunque la utilidad de la cobertura noticiosa brilló por su ausencia. Pocos medios dieron información valiosa de la elección judicial, antes del domingo 1° de junio (fecha de los comicios) y no otorgaron el beneficio de la duda al ejercicio ciudadano con voto. Los medios podrían informar mejor, para propiciar la calidad del proceso y aportar a la cultura ciudadana.          

II

Funcionamiento y recursos: encrucijada

En este contexto, no hay que olvidar tres procesos operativos que se complementan: 1) la revisión de casos, audiencias y dictamen de sentencias por parte de jueces de distrito y circuito, 2) la revisión/resolución de apelaciones por parte de magistrados y 3) el funcionamiento del Poder Judicial por parte de ministros de la Suprema Corte. Esto ya se atiende, aunque   genera suspicacias de sistema y polarización por posturas extremas. Habrá que probar que el nuevo poder judicial funciona de otro modo. No basta decirlo.   

Rasgo olvidado de la impartición de justicia es lo que atienden ministerios públicos y fiscalías (federal y estatales). Justicia de ventanilla cerrada, padece el ciudadano de a pie. A veces ni siquiera se llega al juez, para sentir la opresión y la indefensión. La justicia, ahí, tiene rostro de burocracia añeja. En ese rubro, la falta de recursos para investigación de denuncias resulta escalofriante. Dato: 95 de cada 100 delitos denunciados quedan sin resolver. Faltan recursos y ojo técnico, a ras de suelo, para seguimiento de las denuncias.    

III

Malestar de élites y mirada exterior

La reforma judicial coloca el foco en el funcionamiento republicano y, por esta razón, preocupa en el exterior. Hay que distinguir la preocupación exterior por México y su democracia, del malestar de miembros de las élites que denuncian supuestas injusticias y persecución política. Sucede con Ricardo Salinas Pliego y sus litigios financieros: tiene casos abiertos en Estados Unidos y quiere eludir la justicia al mezclar esferas de acción judicial; sucede con organizaciones ciudadanas que acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir revisiones constitucionales y, de paso, sanciones para México; sucede con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que ante la ausencia de votos en las urnas (PRI desfondado) recurre a lobbies legislativos que meten ruido a la relación bilateral.

Sheinbaum debe estar atenta a estos frentes, para no llevarse sorpresas.