La Guardia Nacional: ser o no ser, un dilema de seguridad

En el alud de opiniones sobre las reformas a la ley para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional parece que lo urgente hace que se pierde de vista lo importante, en muchos casos, solo para continuar en la estéril polarización que se reduce a sostener que todas las decisiones están bien o están mal simplemente porque las impulsa la 4T.

Sí, el asunto de la Guardia Nacional es urgente, apremiante, tanto por la inmediatez del tema que pasó de la Cámara de Diputados a la de Senadores como por su trascendencia: porque los recursos que se le asignan dejarán de ser administrados por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, porque se extendió la facultad de que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública hasta el año 2028, porque las decisiones que se toman hoy en el Poder Legislativo tendrán repercusiones en el país a mediano y largo plazo. Todas con implicaciones que requieren un análisis detallado y en las que no deja de haber objeciones con buenos fundamentos.

Así como en su momento se echó mano de las Fuerzas Armadas para atender el tema de la seguridad de forma urgente y emergente, ahora que esa decisión se institucionaliza, reestructura y consolida como una política de mediano plazo es importante recordar que el país llegó a ese punto de inflexión en su política de seguridad nacional ante la debilidad y corrosión presente en todas las policías.

Son las policías lo importante, crucial, aunque por el momento parece que queden en segundo plano, pues de lo que suceda con las corporaciones en el país depende que en 2029 efectivamente puedan volver los soldados a los cuarteles y dejen de cumplir labores de seguridad que habían sido (por muy buenas razones) de carácter estrictamente civil.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López lo expresó de manera muy clara cuando reconoció que “hemos ido perdiendo la batalla contra la inseguridad, porque no fuimos capaces en su época. No nosotros, los gobiernos que antecedieron, de fortalecer y profesionalizar las policías. Desde la policía municipal hasta las policías estatales”.

Y es que la reforma que creó a la Guardia Nacional en 2019 señaló expresamente que este cuerpo sería administrado y operado por las Fuerzas Armadas hasta 2024 y que en ese periodo de 5 años, el Ejecutivo podría echar mano de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad de manera extraordinaria, y que éstas siempre se subordinarían a un mando civil.

Sin embargo, ahora la intención es que la Guardia Nacional pase a ser administrativa y operativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional hasta 2028, al mismo tiempo que las Fuerzas Armadas continúen apoyando en labores de seguridad. ¿Por qué? Porque todavía no hay policías profesionales con suficiente capacidad para asumir esas labores.

Visto así, es evidente que lo que falló en la reforma de 2019 fue precisamente un programa con objetivos claros para llevar a cabo esa profesionalización de las policías. La importancia de lograr ese cometido parece estarse perdiendo cuando debería ser uno de los argumentos de primer orden en la discusión pública sobre la política de seguridad nacional en el contexto de esta nueva reforma.

Hay otro punto fundamental para poder volver a confiar las labores de seguridad a cuerpos estrictamente civiles (como debería ser): recuperar la confianza de la ciudadanía para que denuncie hechos delictivos, lo cual implica fortalecer también a todas las fiscalías del país, ya que sin ellas es imposible la procuración de justicia.

Aunque el secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, consideró que en materia de seguridad “lo que vale es la estadística” de incidencia delictiva (que va a la baja) más que la percepción de la ciudadanía, lo cierto es que en esa percepción trasluce la desconfianza en las policías y todo el aparato de procuración de justicia. Sería importante trabajar en retomar la confianza del ciudadano, mejorar su percepción de las autoridades, para que vaya y denuncie (aunque esto incremente las estadísticas de la incidencia).

Así pues habrá que revisar con detalle en qué situación van a quedar la Guardia Nacional y el papel de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, más aún, demandar un programa claro de profesionalización y fortalecimiento de todas las policías del país en el que se reconozcan claramente las debilidades, a fin de medir los progresos con metas claras y alcanzables de cara al nuevo plazo establecido en 2028. Para evitar que se vuelva a diferir.