La legalidad con fuego y en juego

La legalidad, en cualquier país, no puede ser sólo papel. Comienza en papel, pero no termina ahí. En estos días recorre América Latina la sombra de una violación sistemática a la ley y a la legitimidad. Tenemos a la mano el caso de Bolivia y el golpe militar contra Evo Morales.

Legalidad en clave republicana es aplicación del marco jurídico a la realidad, con sentido de igualdad (ciudadana) y justicia (impartición de). La legalidad sin aterrizaje en lo real es papel mojado y vulnera el consenso democrático. En el debate público que atraviesa el año 2019, en México la legalidad (entendida como estado de derecho y búsqueda de justicia) aparece como uno de los tres temas principales. Los otros dos temas son seguridad y economía.

La Cuarta Transformación enfrenta días difíciles por la mezcla explosiva de los temas legalidad/seguridad. Un asunto que fue sepultado mediáticamente por la avalancha de Culiacán, será noticia por seis controversias constitucionales que apuntan al corazón de la legalidad mexicana: el nuevo gobierno estatal de Baja California, con dos o cinco años de duración. Hacer perdediza la convocatoria electoral por 2 años a la gubernatura, para intentar la ampliación de 5 años, representa un quiebre ético en sentido político y eventual retorno a mañas inmemoriales. Esta ‘cortesía estatal’ coloca al gobierno federal en posición incómoda, por el interés de un político que goza de gran popularidad (y de enormes riquezas) en Baja California. Aliado que se va por la libre es situación límite, en sentido ético y político para la 4T y el futuro del sexenio. Veamos este asunto con detalle. Para efectos de legalidad en México, BC se percibe igual de importante que Culiacán.                 

TEMPESTADES ILEGALES

El viernes primero de noviembre tomó posesión Jaime Bonilla, como gobernador de Baja California, ante la mirada de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y enviada del gobierno federal, que antes se había pronunciado por la inconstitucionalidad de alargar un periodo de gobierno sin elecciones de por medio. Luego Cordero se hizo bolas.

En su primer mensaje, Bonilla remarcó que el periodo de su gobierno es de 5 años, aunque acatará la decisión de la Suprema Corte si alguna controversia constitucional impugna esa duración y la deja en 2 años, plazo asignado por la convocatoria original. “No nos vamos a eternizar en el cargo, que estén tranquilos nuestros adversarios,” dijo con retórica de moda el señor Bonilla. En el congreso estatal se cocinó el cambio y se perdió (dijeron los legisladores) el papel que decía “2 años”. Habrá impugnaciones vía controversia constitucional, porque de mantenerse el cambio de 2 a 5 años, el precedente sería ominoso para cualquier cargo de elección popular con duración determinada: se podría alargar vía Congreso. De ser así, las elecciones no serían el filtro definitivo a los periodos.

Luego de la ceremonia, los periodistas fueron por Olga Sánchez Cordero, quien estableció que “todo es legal, hasta el momento”. Evidentemente, “hasta el momento” significa que falta procesar las controversias constitucionales y que la Suprema Corte de Justicia resolverá. Una grabación circuló en internet y atizó el fuego: Sánchez Cordero conversa con Bonilla sobre lo que dijo a los periodistas y hay risas que sugieren sintonía.

El horno, sin embargo, no está para bollos. Las palabras importan. En lugar de “legal hasta el momento” Sánchez Cordero, jurista de larga trayectoria, pudo manejar otro concepto, “norma vigente”, por ejemplo. Con ello le hubiera ahorrado un problema político al Presidente, que se ha pronunciado con claridad por el ‘no’ a la ampliación de cualquier periodo sin mediar elecciones. AMLO dejó en claro su respeto por la autonomía estatal. Consumado el hecho, entran en juego las controversias constitucionales a nivel federal. Mejor eso que un manotazo presidencial

“Si queremos una democracia, todos se tienen que sentar con todos”, expresó alguna vez Ricardo Lagos, expresidente chileno. Esto no ocurre en el caso de Baja California. La imposición de una medida constitucional que pasó por el Congreso para su ropaje legal, es simulación de primer orden. Supuesta democracia al servicio de intereses facciosos. Lo más significativo, en sentido político, es que a nivel federal el diálogo no es de altura y la rivalidad crece: gritos y sombrerazos de coyuntura, mientras AMLO se enfrenta a los medios y los actores políticos de oposición se exaltan o se diluyen. No hay bases para un consenso que fortalezca a la república. Eso preocupa mucho.

La realidad se polariza por decisiones de políticos que deben (y no saben ni quieren) respetar el marco legal.