La reforma laboral promovida bajo las condiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha sido presentada como un paso hacia la modernización democrática del mundo del trabajo. Pero para los sindicatos combativos, independientes y universitarios, la realidad es otra: esta reforma no representa un beneficio real para los trabajadores, sino una herramienta más del Estado y el capital para desmantelar derechos históricos y someter a las organizaciones sociales a lógicas empresariales y de mercado.

El discurso oficial habla de libertad sindical, transparencia y justicia laboral.

A más de 5 años de haberse aprobado, nada ha beneficiado a los trabajadores. Sin embargo, en la práctica, la reforma ha servido para controlar e intimidar a los trabajadores.

El nuevo modelo de conciliación y tribunales laborales ha introducido filtros legales que dificultan el ejercicio efectivo de derechos, criminaliza la protesta social y debilita la capacidad de acción colectiva.

Un Estado que intimida la decisión de los trabajadores al ejercer su derecho a la huelga no puede hablar de democracia laboral.

La ofensiva no es solo contra los sindicatos, sino contra el modelo mismo de universidad pública y autónoma. El Estado quiere deshacerse de las universidades públicas por ser incómodas por su autonomía. Las políticas presupuestales lo demuestran: año con año se reduce el financiamiento público, poniendo en riesgo el ingreso, la permanencia y el futuro de miles de estudiantes.

Mientras tanto, aumentan las cuotas, se deteriora la infraestructura universitaria y se vuelve cotidiano la precarización laboral en los centros educativos. Poniendo en riesgo la creación del conocimiento, la formación de profesionales en las universidades que son patrimonios educativos más importantes del país.

Detrás del lenguaje técnico de la reforma, lo que realmente se busca es eliminar conquistas laborales históricas: que el trabajador pague su propia jubilación, se cancelen las prestaciones sociales, deshacerse de acciones destinadas para proteger a los trabajadores como la previsión social y que los sindicatos pierdan su capacidad de defensa colectiva.

Esta lógica de despojo y subordinación atenta directamente contra las luchas históricas que construyeron los derechos y conquistas que hoy se están desmontando.

En este contexto, los trabajadores universitarios enfrentan una combinación de salarios de hambre raquíticos, poder adquisitivo que día a día merma, y una canasta básica inalcanzable. Todo esto en zonas económicas cada vez más caras, donde la vida digna se vuelve un privilegio y no un derecho.

Hablar de “modernización” en estas condiciones es una burla. La mayoría de los contratos laborales son temporales, sin seguridad social, sin derechos plenos, sin estabilidad y en general sin futuro, en su mayoría ligados a esquemas de outsourcing disfrazado.

El sindicalismo universitario debe responder con fuerza, unidad y claridad.

La movilización social de los trabajadores, hoy es más necesaria que nunca, el derecho de petición y a la libre manifestacion, incluso el último recurso como la huelga son herramientas que otorga a los trabajadores el sistema jurídico mexicano.

No se puede permitir que una reforma dictada desde los intereses del Norte termine por destruir lo que generaciones de trabajadores han conquistado en las calles, en las aulas y en la historia.

El Estado tiene una deuda profunda con los trabajadores. No se salda con reformas impuestas ni con retórica tecnocrática, sino con salarios dignos, condiciones laborales estables y un compromiso real con la defensa de la universidad pública, laica, gratuita y de calidad.

Defender los derechos laborales es defender el desarrollo económico del Estado y el futuro mismo del país.