Reformas electorales, historia política y competencia democrática: vientos del 2004/2006

* Partidos, reforma electoral y producción legítima del poder    

* Avances graduales o simulaciones para que todo siguiera igual

* Camacho /Tépach: iniciativa 2004, pudo evitar el choque 2006     

LAS REGLAS DE COMPETENCIA política se pactan con reformas electorales. No hay otra manera republicana de hacerlo. Por esta razón, es fundamental generar consensos vía negociación seria, con información veraz sobre el estado de cosas que sostiene las urnas. La meta es mejorar la competencia, no debilitarla. Así se logra la producción legítima del poder, que se plasma como representación de la soberanía popular. 

La democracia pasa por los partidos políticos, de acuerdo al artículo 41 constitucional, fracción I, párrafo 2: “Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre secreto y directo”.  Si los partidos no se ponen de acuerdo y se colocan en modo confrontación, queda en riesgo “la participación del pueblo en la vida democrática”, que puede tomar cauces no pacíficos ni civilizados. Las reformas electorales tienen que concretarse sin que se avasalle a nadie y anteponiendo el interés de las mayorías.

HISTORIAS DEBAJO DE LAS URNAS 

EN LA SEGUNDA MITAD del siglo XX y lo que va del XXI, en México se concretaron las reformas electorales de 1964, 1977, 1987, 1990, 1993, 1997, 2007 y 2014. La primera reforma se produjo cuando el PAN retiró a sus 6 diputados del Congreso, en protesta por fraude en la elección presidencial de 1958, dejando al PRI hegemónico sin coartada opositora. Por ello se introdujo la figura de diputados de partido, germen de lo que serían los legisladores de representación proporcional. 

En 1977 la reforma se realiza en clave de apertura política, para integrar a partidos de izquierda que dejaron la clandestinidad (violenta y no violenta) y optaron por la vía institucional. En 1987 la reforma se realiza para controlar el avance democrático en varias zonas del país (norte, bajío, centro/sur), lo que preocupaba al sistema de partido hegemónico. La dura confrontación electoral de 1988, con caída de sistema, probó que esa reforma fue insuficiente. Desde 1990 se trataron de establecer reglas electorales generadas por consenso, con el objetivo explícito de “desarrollar un sistema político y de partidos más competitivo, abierto y plural”. Ese objetivo, plasmado en documentos oficiales, no se cumplía del todo en la realidad política: cláusulas de gobernabilidad, recursos máximos para ganadores, propaganda oficial según porcentajes de votación, desnivelaban la competencia.      

Si observamos fechas, se advierte que hubo reformas electorales frecuentes en la etapa de la llamada transición democrática (1987-2000, 4 reformas), aunque destaca una laguna que va de 1997 a 2007, justo cuando se da la elección presidencial más reñida: 2006. ¿Qué sucedió?

VACÍO REFORMADOR Y EL 2004

EL INVESTIGADOR PARLAMENTARIO Reyes Tépach Marcial, presentó al Congreso en 2004 un documento titulado “La reforma electoral en México en materia de financiamiento público al sistema de partidos políticos”. Se explicaba ahí la iniciativa de reforma propuesta por el entonces legislador Manuel Camacho Solís, cuya vocación negociadora y democrática se reconocía en los distintos partidos políticos. El objetivo era “encontrar mecanismos para minimizar el financiamiento público del sistema de partidos políticos de México, sin poner en riesgo su óptimo funcionamiento; así como proporcionarle al máximo órgano electoral del país instrumentos jurídicos para que perfeccione su función de fiscalización y rendición de cuentas”. Fue hasta 2007 que se incluyeron puntos de la iniciativa de Tépach/Camacho Solís, inmerso el país en la polarización poselectoral 2006. La reforma electoral de 2007 llegó tarde. Tenía que implementarse en 2003 o 2004, para evitar el choque político.                 

Una cita del documento reforma/2004 aclara la urgencia que tenía la república: “en la actualidad los procesos electorales federales en México presentan la particularidad de ser largos y onerosos para las finanzas públicas del país, además la carencia de regulación en las precampañas ha hecho inequitativo y difícil de fiscalizar esta etapa, asimismo, el principio constitucional de la equidad electoral también se ha violado porque partidos y candidatos han instrumentado mecanismos sofisticados que dificultan el trabajo de fiscalización y rendición de cuentas de los recursos utilizados por los partidos y/o candidatos”. Si se añaden violaciones a la ley, como lo fue la contratación de publicidad privada para atacar a un solo candidato (“López Obrador, un peligro para México”), era inevitable el desencuentro entre el PAN que se dijo ganador (‘haiga sido como haiga sido’) y la izquierda agraviada en su lucha institucional pacífica. La historia reciente puso las cosas en su lugar, pero de cualquier modo es urgente una reforma electoral para ajustar la estructura del INE, recursos partidistas y operatividad con austeridad. ¿Cómo hacerlo garantizando un piso parejo y la búsqueda de mejores condiciones de vida para las mayorías? Demasiado ruido impide el debate.

(vmsamano@hotmail.com)