Sufrimiento social, memoria y resistencia

El discurso mediático, social y oficial, es necesario pensarla como experiencia personal y colectiva que daña

Sobre Más allá de la desaparición forzada y la tortura sexual de Julia Monárrez F.

Contra la visión fragmentaria de la violencia o su trivialización en el discurso mediático, social y oficial, es necesario pensarla como experiencia personal y colectiva que daña cuerpos, comunidades y territorios. Reconocer el dolor que, sobre todo en contextos de conflicto armado, imponer la violencia, como sufrimiento personal y comunitario puede favorecer una reflexión colectiva y un trabajo de memoria que ensanchen el camino  hacia la justicia, la verdad, la reparación.

El libro Más allá de la desaparición forzada y la tortura sexual (COLEF, 2022) de Julia Monárrez Fragoso, pionera en el estudio del feminicidio, constituye un ejemplar acercamiento a la violencia y a la memoria social, desde una mirada crítica feminista. A partir de su profundo conocimiento de la violencia extrema en México, la investigadora analiza el sufrimiento social en el contexto del conflicto armado en Colombia a través de la experiencia de doce profesionales que han acompañado a las víctimas de esa “guerra” y actúan como “agentes alternativos de justicia” y “emprendedores de la memoria”.

Las atrocidades sufridas en Colombia son terribles: tortura sexual, desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos forzados, asesinatos extrajudiciales, tortura, despojo de tierras, extorsión…. Esta barbarie ha afectado a hombres y mujeres pero de manera particular a las mujeres, y a grupos discriminados por su raza, clase, nacionalidad, pertenencia territorial, que viven en la precariedad. Pese a los Acuerdos de Paz (2016), estas violencias explica Monárrez, no son simple pasado: persisten las estructuras y dinámicas que las posibilitaron.

Desde un marco teórico complejo, Monárrez propone una “epistemología del daño”, donde el sufrimiento social se constituye como una experiencia humana limitante, personal y social, relacionada con factores estructurales, económicos, políticos y sociales, provocada por fuerzas sociales que dañan. Callar u ocultar desde la sociedad este sufrimiento es hacerse cómplice o aceptar las condiciones que lo facilitan, y así perpetuar la violencia, fomentar el olvido, negar la responsabilidad social. Si para las víctimas y sobrevivientes es difícil hablar, “para las familias lo más doloroso es la indiferencia social”. De ahí la importancia de la palabra y de la memoria.

Monárrez no recoge testimonios directos, conversa con quienes han acompañado a las víctimas en su búsqueda de verdad y justicia, lo que evita la revictimización y respeta el “derecho al olvido” de quienes no pueden o no quieren recordar (volver a contar) experiencias devastadoras.

La autora y sus interlocutores/as reflexionan así sobre lo que significa relatar las experiencias de violencia: búsqueda de sentido, mensaje para quienes no la vieron o no la vivieron, deseo de evitar la repetición de la atrocidad. Abordan también una pregunta que siempre debería ser primordial: “¿qué quieren las víctimas?”. Encuentran que no hay respuesta general: algunas quieren justicia; otras, verdad; otras quieren olvidar; algunas quieren perdonar; otras, no.

Los relatos de sufrimiento en situaciones límite se entrelazan con narrativas de resistencia y de reconstitución de vidas, comunidades y territorios. Además del papel crucial de las mujeres en la preservación de la vida familiar y comunitaria durante la guerra, se destaca el trabajo colectivo de comunidades y acompañantes para recuperar la vida y el territorio mediante proyectos educativos y artísticos y la promoción de una cultura de paz.

Ante las violencias que hoy desgarran vidas, comunidades y territorios en México, es imprescindible leer este libro excepcional. Monárrez aborda el sufrimiento social, que impone la violencia sistemática y extrema, con rigor, sensibilidad y sentido ético. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad ante ese sufrimiento y nos recuerda que, si las víctimas tienen “derecho al olvido”, la sociedad tiene un “deber de memoria”.

Hemos de exigir también justicia, verdad y reparación.    (CIMAC)