En Chihuahua –al margen de los procesos electorales que se efectuaron en seis entidades federativas este domingo 5 de junio— la semana pasada pareció abrirse el escenario ideal de lo que podría avizorarse como un ajuste de cuentas entre la clase política local de aquella región.

Mire usted, lector querido: en tanto el ex gobernador Javier Corral Ayala, se adjudica como hazaña suya la extradición de su ex homólogo chihuahuense César Duarte --concretada entre autoridades estadounidenses y mexicanas-- la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván salió al paso advirtiendo públicamente que no habrá “ni perdón, ni olvido, ni para Duarte, ni para Corral”.

Tras la advertencia, la popular Maru Campos se abrió de capa para declarar que encontró un gobierno “con una deuda per cápita, la más alta del país –estamos hablando de 84 mil millones de pesos--. Pero el problema no es esa deuda pública, subrayó, el problema es el desorden administrativo que se encontró en el gobierno del Estado”.

“El problema, sentenció, es que el gobernador Corral puso todos los huevos en una canasta en perseguir al hoy imputado, pero no administró ni ordenó la casa. Entonces todas las fugas de recursos públicos con las cuales se está culpando a Duarte no fueron arregladas”.

Puso un ejemplo: del 100 por ciento de los ingresos que recibía Gobierno del Estado, solamente el 30% eran registrados, eran plasmados en una Ley de Ingresos. ¿Dónde estaba el 70 por ciento de los ingresos que ponen los chihuahuenses en forma de aprovechamientos, de derechos, de impuestos?, se pregunta la gobernadora de aquella entidad y se responde al mismo tiempo: “estaban para generar programas y proyectos, pero eso se fugó, en el gobierno de César Duarte y se fugó en el gobierno de Javier Corral”.

La hoy gobernadora de Chihuahua recordó que en 2020 el entonces gobernador Javier Corral decía que ella no podría ser candidata a gobernadora argumentando que existía una “alianza con César Duarte. Pero el tiempo (los hechos) están demostrando lo contrario”.

Hoy el enjuiciamiento jurídico que se le sigue a César Duarte al ser extraditado a México, según la gobernadora panista “es una bocanada de aire fresco de esperanza no nada más para los chihuahuenses sino para los mexicanos. Tenemos un sistema político que aún puede hacer su trabajo, todavía puede combatir la corrupción, puede combatir la impunidad y estaremos muy al pendiente de que apegados al estado de derecho se realice este proceso judicial a como debe ser”.

O sea que de acuerdo con las declaraciones de la gobernadora de filiación panista Maru Campos los dos ex gobernadores anteriores (César Duarte y Javier Corral Ayala) estarían inmiscuidos en malos manejos financieros del presupuesto de la entidad que hoy gobierna ella y, en consecuencia, tendrán que pagar por ello.

Siendo que uno es priísta y el otro panista, como diría el clásico: a Chihuahua le salió tan malo el pinto…como el colorado.

Lo cierto es que si el ex gobernador blanquiazul Corral Ayala creyó que podría estar tranquilo viendo que su antecesor César Duarte es enjuiciado por los presuntos desvíos cometidos, todo parece indicar que no será así, que –por el contrario-- quien hoy está al frente del gobierno de Chihuahua, tiene elementos suficientes que pueden dar pie para fincarle también a él, responsabilidades que podrían llevarlo a hacerle compañía a su ex homólogo en las condiciones en que éste hoy se encuentra.

Entrelíneas….

Hay quienes sugieren que la extradición de César Duarte, en la víspera de las elecciones dominicales, llevaba jiribilla hacia aquellas plazas aún en manos del PRI y PAN.….