Durante el periodo comprendido entre 2010 y 2014, Estados unidos se consolidó plenamente el desarrollo y la rápida expansión de la producción de Shale oil. La producción de petróleo crudo en Estados Unidos experimentó un notable incremento, duplicándose desde 5.5 millones de barriles diarios en 2010 hasta alcanzar aproximadamente 13 millones de barriles por día en 2019.

En 2015, el país ingresó al grupo de exportadores mundiales de petróleo crudo. En 2016, se constituyó la coalición OPEP+ con el objetivo de frenar una posible hegemonía de Estados Unidos y controlar el precio del barril. Para 2018, Estados Unidos logró posicionarse como el principal productor de petróleo a nivel global, superando a Arabia Saudita y Rusia, gracias al desarrollo del shale oil. Hasta la fecha, ningún otro país ha desplazado a Estados Unidos de ese liderazgo.

Lo anterior gracias a Venezuela que en el 2007, el gobierno de Venezuela bajo la presidencia de Hugo Chávez. Entre 2007 y 2010, se llevaron a cabo expropiaciones de empresas estadounidenses, principalmente en los sectores petrolero y de servicios, mediante la nacionalización de instalaciones y operaciones que anteriormente contaban con participación extranjera. Estas acciones obligaron a diversas multinacionales a aceptar el control estatal o retirarse del país, lo que resultó en la presentación de demandas internacionales por parte de las compañías afectadas, y las cuales continúan.

Esto generó consecuencias económicas para empresas estadounidenses a corto plazo. Las acciones de expropiación implementadas por Venezuela incentivaron a Estados Unidos a enfocarse en su propio territorio, invirtiendo en tecnología, desarrollo de campos y, especialmente, en la reducción de la importación de petróleo crudo.

Estados Unidos ante esta situación, invirtió en el desarrollo de nuevas técnicas para perforar, terminar, reparar y reacondicionar yacimientos y pozos, así como en la mejora de la infraestructura para la movilidad tanto de petróleo crudo como de gas. Esta experiencia acumulada por diversas empresas durante los últimos 15 años puede, sin duda, integrarse en la estrategia recientemente anunciada por el presidente Trump para tomar control del sector petrolero de Venezuela. De concretarse este escenario, es previsible que, a corto plazo, se presenten numerosos cambios que podrían impactar a diferentes países, incluido México.

En 2025, el precio del barril de Venezuela ha registrado fluctuaciones dentro de un rango de 45 a 50 dólares por barril; la mezcla mexicana se ha situado entre los 50 y 60 dólares, mientras que el promedio del barril canadiense oscila entre los 50 y 55 dólares. Esto indica que el costo del barril venezolano es inferior al de aquellos países cuyos productos son adquiridos en mayor proporción por las refinerías de Estados Unidos.

El apoyo directo e inmediato de Estados Unidos a Venezuela, particularmente en el sector extractivo como primera fase y posteriormente en la reactivación de la infraestructura para incrementar la producción de petróleo y gas, representa un desafío estratégico para México, Canadá, China y Rusia.

Venezuela podría posicionarse como uno de los principales competidores frente a México con el respaldo de Estados Unidos en dos ámbitos específicos que afectan al país. En primer lugar, diversas empresas que han adquirido experiencia y tecnología durante sus actividades en los últimos quince años podrían trasladar este conocimiento a dicho país, lo que permitiría incrementar la producción en un periodo relativamente corto. Esto implica que PEMEX podría enfrentar una disyuntiva respecto a los contratos mixtos, ya que las empresas participantes deben asociarse con la empresa estatal y compartir un porcentaje de las utilidades obtenidas en cada asignación. En caso de que compañías de servicios resulten adjudicatarias de contratos con PEMEX, surge incertidumbre en torno a los pagos a recibir en el corto plazo, considerando la problemática actual de la empresa relacionada con su deuda acumulada con proveedores. En el supuesto de que se lleve a cabo la propuesta del presidente Trump de apoyar a Venezuela, las empresas estadounidenses podrían encontrar condiciones favorables para operar en ese país. El pago rápido por sus servicios haría más rentable el envío de equipos, personal y tecnología, resultando en niveles de rentabilidad superiores a los obtenidos en México. Además, las empresas operadoras de campos no estarían obligadas a compartir utilidades y podrían explotar y recuperar su inversión bajo ciertas normativas específicas. México dependerá en gran medida de las empresas nacionales para implementar la nueva estrategia de PEMEX. Sin embargo, la capacidad de estas empresas estará condicionada por la disponibilidad de equipos, personal y demás recursos necesarios para cumplir con los contratos establecidos con la empresa estatal, ya que muchas no disponen de todos estos elementos propios o desarrollados internamente.

En la próxima entrega se abordará el segundo impacto para México la geopolítica y la economía dese el sector petrolero. (– Grupo Caraiva – Grupo Pech Arquitectos)