Vivir sin financiamiento…

¿Para qué requieren financiamiento público los partidos políticos cuando que no saben administrarlo ni se apegan a su reglamentación para ello, sino que por el contrario pierden el siguiente ejercicio al tener que pagar las multas que el INE les impone por no poder comprobar su origen y destino? Un dinero que no es de ellos sino de los mexicanos quienes pagan doble vía la tributación de los impuestos.

Excepto el PRI que transmutado por el gobierno emanado de sus filas en el siglo XX ya era subsidiado, con la reforma política de 1996, establecido por decreto constitucional, federal y locales. Los partidos políticos en general empezaron a recibir prerrogativas económicas para sus actividades ordinarias, específicas así como para campañas electorales.

Bajo este paraguas los partidos fueron un negocio redondo -y lo siguen siendo- incluso familiar; una vez perdido el registro ante la autoridad electoral, amparados en el secreto bancario, fiduciario fiscal y fiduciario, se quedaron con los bienes inmuebles y muebles logrados sin obligación de regresarlos; caso los Riojas del Partido de la Sociedad Nacionalista quienes se fueron con una amasada fortuna. 

El Partido Verde Ecologista de México es un ejemplo de éxito que aún pervive por su política de alianzas, se aprovecha del registro para obtener un mercantilista negocio al amparo de quienes tienen garantizado el triunfo; además de enquistarse en las posiciones legislativas, de donde incrementan su rentabilidad.

Las condiciones actuales de una precaria economía nacional para cumplir con la función gubernamental público administrativa hacen inviable que estos institutos políticos, que presumen la búsqueda del acceso al poder para servir a la sociedad, continúen percibiendo cada año una ministración presupuestal preceptuada en la constitución federal y la correspondiente de los estados hasta en tanto no se derogue, sería lo deseable.

El sistema de partidos debieran regresar al origen de instrumentar las bases para captar el recurso económico en pro de su propio sostenimiento, en donde principalmente los militantes por estatuto están obligados al pago de sus correspondiente cuota, sumado a otras fuentes alternativas de ingresos; como antaño lo hizo Acción Nacional mediante el boteo y rifa de un vehículo cada cierto período, vendían sus boletos al público instalados en los sitios estratégicos.

Opciones las hay para acceder a la disponibilidad de financiamiento en pro del sostén de su activismo ordinario y para campaña en procesos electorales, para no sangrar la hacienda pública que está para fondear el desarrollo social y no el sostener a un sistema de partidos, sin oficio ni beneficio promotor de la mediocridad en la competencia electoral derivado en el cogobierno. Sin embargo, estos se han acostumbrado a recibir dinero público que no les cuesta. 

Si el argumento de asignar financiamiento a partido era para evitar que dinero ilegal se infiltrasen a los partidos, este ya dejó de tener vigencia cuando el INE tiene acceso directo a las cuenta bancarias, fiscales y fiduciarios sin ninguna limitante -en lo federal y local- como para detectar cualquier cuestión rara, aún más con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de un experto en el tema electoral: Santiago Nieto Castillo, quien antes fue Fiscal contra Delitos Electorales, que para el caso es lo mismo.

Sólo para este 2020 por decreto del artículo 41 constitucional -en el ámbito federal- se destinaron a los partidos políticos nacionales 4 mil 988 mil 864.914 pesos para sus actividades ordinarias; además de otros 12 millones 472 mil 220 pesos por actividades específicas; asignados el 30 por ciento de manera igualitaria y el 70 por ciento asignado proporcional a la votación obtenida en la elección de 2018.

Adicional gozan del el acceso -sin valor cuantificable- a franquicias postal y telegráfica, y por supuesto el pautado en medios de comunicación de sus spots institucionales para promoverse, como partido y a sus candidatos, durante campañas.

Para el siguiente 2021 recibirían un incremento en el financiamiento ante el progresivo aumento del padrón electoral del INE, con 90 millones 119 mil 027 registros -con corte al 24 de enero-; tendrán un aumento considerable en sus percepciones.

Un monto considerable de financiamiento público -dinero de los mexicanos- que en los tiempos actuales ya no se justifica, cuando que semejante presupuesto bien podría destinarse a políticas públicas sustantivas como el sector salud y educativos, sin desdén de las otras necesidades condensadas en la esfera de la justicia social,.

El presidente de México exhortó a la el considerar devolver a la hacienda pública cuando menos el 50 por ciento de su financiamiento.

Enmudecieron las dirigencias partidistas, excepto un Morena que de facto solicitó que de 1 mil millones 653 mil 944.795 pesos que le corresponden este 2020 sólo se le entregase el 25 por ciento, cuando debió ser una decisión tomada por consenso del Comité Ejecutivo Nacional.

Aunque en el ánimo de buscar una conciliación sería sano establecer la ley Kumamoto “sin voto no hay dinero”, aplicada en Jalisco con el visto bueno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligando a partidos y candidatos ser sensatos en su oferta electoral para lograr el mayor sufragio posible para acceder al financiamiento, el cual se reduciría sustancialmente y progresivamente eliminarlo una vez que logren subsistir por sí mismo.

Bitácora

Encuentro Social en dos ocasiones ha propuesto eliminar el financiamiento y… lo batearon.

eduhdez@yahoo.com