Para tener un mejor control y orden en el servicio público de transporte, el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Narciso Oropeza Andrade, anunció próximas reformas a la Ley del Poder Ejecutivo para que la Policía Estatal de Caminos (PEC) pase a formar parte de esta dependencia.

Con la instrucción del gobernador Adán Augusto López Hernández de reconstruir un servicio seguro y de calidad a favor de los ciudadanos, garantizó que las reformas permitirán a la Semovi una coordinación directa con la PEC, atendiendo el problema del transporte irregular, “piratas”.

Precisó que al ser el “pirataje” es un problema sensible que afecta la economía del estado y la seguridad de las familias, de manera firme, se aplicará la ley en todas las modalidades de transporte público, con pleno respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos.

Sobre el transporte público en la ciudad de Villahermosa, informó que los representantes del sistema Transbus no presentaron en tiempo y forma el estudio para la modernización, por lo que, ahora la Semovi, buscará la creación de nuevas sociedades con personas dedicadas al transporte y que verdaderamente quieran brindar un servicio honesto y de calidad.

Señaló que será necesario “enterrar” al Transbus para dar paso a otro servicio, mientras se desahogan las investigaciones para conocer a los responsables del quebranto administrativo y financiero de esta empresa que manejó muchos recursos públicos, a través de fideicomisos.

Narciso Oropeza garantizó que los actuales socios del Transbus no perderán sus concesiones, por lo que les recomendó acudir ante la Semovi para conformar las sociedades, se les concedan los permisos y se busque opciones de créditos o fideicomisos para la adquisición de las unidades.

El secretario de Semovi, aclaró que el amparo que hoy portan los taxis “piratas” no impide que puedan detenerlos, por circular de forma irregular contrario a la Ley de Tránsito, sin tarjeta de circulación, gafete, ni licencia, por lo que confirmó, que se mantendrán los operativos para detener estas unidades y de ser necesario, presentar a los conductores ante la autoridad competente.

En el caso de la creciente aparición de pochimoviles, que se ha convertido en un problema social, Oropeza Andrade adelantó que se necesitará de la participación de los presidentes municipales, así como de la coordinación de otras dependencias para poder aplicar la ley, sancionar e inmovilizar las unidades, de las cuales, hoy operan más de 17 mil en el edén y sólo dos mil tienen permiso para prestar el servicio.