En el objetivo de combatir la corrupción en todas sus aristas y erradicar prácticas dañinas para la institución, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco llevó a proceso penal a una médico legista, cuyo desempeño se consideró irregular, lo que habría causado un agravio a la sociedad.

Por el delito de ejercicio ilícito de servicio público, Ingrid Nayely “N” fue presentada ante el Juez de Control y en próximas fechas se realizará la audiencia de vinculación a proceso, donde se definirá su situación jurídica.

INVESTIGACIÓN

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició una carpeta de investigación, a partir de un oficio de un Fiscal del Ministerio Público, el cual detectó inconsistencias en el protocolo de necropsia sobre hechos que son investigados en Cárdenas y datan de noviembre del año pasado.

• El hecho derivó en la exhumación de un cadáver, mismo que fue sometido a una verificación mediante la que se confirmaron las omisiones en el protocolo; la presunta responsable sería Ingrid Nayely “N”, quien entonces se desempeñaba como médico legista de esta institución, adscrita a la Coordinación de Servicios Médicos Forenses del Centro de Procuración de Justicia de aquél municipio.

Tras el desarrollo de las indagatorias, se judicializó la investigación para que, el viernes 19 de mayo se diera cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra cuando esta se encontraba en la Villa Ocuiltzapotlán del municipio de Centro.

Al ser presentada ante la autoridad judicial, esta fijó la medida cautelar de firma periódica, además de la prohibición para salir del país y acercarse a los testigos. En tanto continúa el desarrollo de las investigaciones.

• Las detecciones de estas anomalías proceden de la implementación de procedimientos estandarizados en la realización de necropsias en el Servicio Médico Forense; las nuevas normas previenen la realización de prácticas de antaño que se ha trabajado por erradicar en la actual administración, y con el objetivo principal de transparentar la actuación de los servidores públicos de las áreas periciales.